Las Palmas de Gran Canaria, 1 abr (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitará la creación de diez nuevas plazas de jueces, seis para asumir los casos de violencia sobre la mujer y cuatro para la especialidad de violencia contra la infancia y la adolescencia, ha informado este martes en un comunicado.
La Sala de Gobierno del TSJC lo acordó en su reunión el pasado 28 de marzo, cuando aprobó el informe elaborado por la Comisión de Estudio para la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor de forma gradual entre el 1 de julio y el 31 de diciembre creando los nuevos tribunales de instancia.
Conforme a su propuesta, el TSJC solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y al Gobierno autonómico la creación de una nueva plaza, que sería la cuarta, en la sección de violencia sobre la mujer del futuro Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, una tercera plaza en la misma sección en el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, una segunda plaza en la del Tribunal de Instancia de Arona (Tenerife), y una nueva y única plaza de Violencia sobre la Mujer en el tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote).
También reclama una nueva sección de violencia sobre la mujer en La Orotava, dotada de una nueva plaza judicial que extienda su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos, lo que culminaría la comarcalización de esta materia en la isla de Tenerife.
En cuanto al partido judicial de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, la Sala de Gobierno reitera al Ministerio de Justicia la petición de que se proceda «a la mayor brevedad» a dictar el Real Decreto por el que se disponga la separación de los juzgados de primera instancia e instrucción.
A su juicio, ese es un «presupuesto indispensable» para que se pueda definir y acomodar la estructura de dicho partido judicial a las previsiones de la Ley de Eficiencia, y se cree una sección de violencia sobre la mujer integrada por una nueva y única plaza judicial en el Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.
Protección a la infanciaEn cuanto a las plazas de violencia contra la infancia y la adolescencia, el órgano de gobierno de los jueces canarios pide que se cree una nueva plaza judicial en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, y una nueva sección de esta materia, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Tenerife y a la que se deberá «dotar de los medios con los que cuenta el actual Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria».
Además, reclama que, una vez constituida la sección de violencia sobre la mujer en el Tribunal de Instancia de Arrecife y de Puerto del Rosario, se acuerde que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia «corresponda a una de las plazas de la sección de instrucción, de forma exclusiva pero no excluyente».
Para La Palma, propone que esta materia corresponda de forma exclusiva pero no excluyente a la plaza judicial que ya tiene atribuido el conocimiento, también de forma exclusiva pero no excluyente, de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer.
Situación crítica en TenerifeLa Sala de Gobierno del TSJC ha planteado, además, una serie de necesidades comunes en cuanto a administración prestacional en ambas materias que afecta a los partidos judiciales del territorio, por lo que pide al Ejecutivo canario la adaptación de las oficinas judiciales e incremento de efectivos, la adopción de medidas para evitar la confrontación de víctima y agresor en sede judicial, y la dotación de instalaciones suficientes para las oficinas que den servicio a las secciones y plazas que se constituyan en estas materias.
En este sentido, ha calificado como «especialmente deficiente y grave» la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife.
También reclama la creación de oficinas de atención a las víctimas y la dotación de equipos psicosociales para la atención «inmediata y preferente» de estos asuntos, la adopción de las medidas necesarias para facilitar el transporte para el traslado a otro partido judicial «en los supuestos de comarcalización» y, en general, «la adopción urgente de medidas para dotar a todos los tribunales de los medios necesarios para una atención pronta y especializada de estos asuntos».
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