Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 abr (EFE).
– El portavoz de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), Sergio Lloret, ha denunciado este jueves que la mala gestión del gobierno insular (CC-PSOE) obliga a la isla a asumir un plan económico bajo tutela del Estado.
En un comunicado, Sergio Lloret ha cargado con dureza contra el gobierno insular presidido por Lola García, tras la aprobación de un Plan Económico Financiero para 2025-2026.
Lloret ha calificado la medida como una «imposición inevitable derivada del despilfarro institucional», y ha denunciado que el actual equipo de gobierno ha conducido al Cabildo a una situación de desequilibrio presupuestario “insostenible y no asumible”.
Durante su intervención en el pleno extraordinario del pasado 16 de abril, Lloret recordó que el plan responde al incumplimiento de dos reglas básicas del derecho financiero público: la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, en vigor desde 2012.
Según advirtió, «se ha gastado más de lo recibido» y «se ha hecho un uso irresponsable de los remanentes», comprometiendo el margen económico de la institución para los próximos ejercicios.
El documento aprobado, y que contó con el voto en contra de AMF, implica que el Cabildo queda ahora bajo vigilancia financiera del Estado durante dos años, con restricciones severas sobre la gestión del gasto.
El portavoz ha reprochado a la presidenta del Cabildo y a la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, su intento de culpar a factores externos, como los retrasos en la recepción de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
Lloret recordó que el nuevo programa del Fdcan ya estaba aprobado al inicio del actual mandato, y que su ejecución deficiente es responsabilidad directa del grupo de gobierno: “No es solo el Fdcan, pues el origen del problema es estructural y está en la falta de responsabilidad con el gasto corriente”.
La Intervención del Cabildo, en informes previos, alertó de un déficit presupuestario de casi 23 millones de euros al cierre de 2024.
Ese desajuste obliga, por normativa estatal, a activar un plan de reequilibrio que limita el uso libre de los remanentes de tesorería, compromete inversiones futuras y deja en entredicho la sostenibilidad de algunos compromisos ya adquiridos.
EFE1011279evs/as