Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).
– ANPE exigirá que se ponga fin a las diferencias regionales entre las condiciones laborales de los docentes no universitarios, lo que, junto a la bajada de ratios, horarios lectivos o burocracia, abordará desde el 30 de abril con el Ministerio de Educación en una mesa de trabajo.
Así lo ha expuesto este viernes el presidente nacional del sindicato, Francisco Venzalá, quien considera que el Ministerio de Educación «tiene que ejercer un mayor liderazgo a la hora de coordinar y armonizar las políticas encaminadas a favorecer la calidad de la enseñanza».
Venzelá también ha demandado que las administraciones competentes respondan con medios y financiación al reto de la atención de la diversidad en las aulas.
Unas situaciones, las relacionadas con los alumnos con diversidad de conductas, ritmos de aprendizaje, capacidades, idiomas, o contextos socioeconómicos, que en los últimos cuatro años han crecido en Canarias más de un 30 %, en unos 2.
500 alumnos sólo en el último curso, que demandan una atención especial por parte de un personal terapéutico cuya dotación es «insuficiente», ha explicado el presidente de ANPE en las islas, Pedro Crespo.
Tras reunirse con los representantes de ANPE en Canarias, con motivo de la inauguración de su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria, el consejero regional de Educación, Poli Suárez, ha dicho que su departamento afrontará en los próximos meses distintas medidas para responder a las demandas que plantea ANPE.
Una de ellas será la actualización de la norma que regula la atención a la diversidad en las aulas no universitarias, una realidad a la que en las islas se suman las necesidades idiomáticas de los menores inmigrantes no acompañados, lo que ha obligado a incrementar en los dos últimos cursos de 7 a 9 millones de euros el presupuesto para ofrecer a estos niños el refuerzo que precisan, cuestión que, a su juicio, debería financiar el Estado a través de la contratación de personal específico.
Poli Suárez ha recalcado que su Consejería ha elevado a 21 millones los 13 millones que se destinaba en 2023 al personal encargado de atender las crecientes necesidades educativas especiales que se dan en las aulas, propias de «una sociedad que ha cambiado y es cada vez más diversa».
La secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias, Marta Hernández, ha informado de que la organización aboga por una inclusión real y «por que la diversidad deje de ser una barrera en el aula y comience a ser un valor añadido», para lo que elabora un «plan realista y viable, con estrategias que puedan ayudar», que prevé presentar en junio a Poli Suárez.
Para analizar ésta y otras cuestiones, como la transferencia a Canarias de docentes de religión o dotarla de un plan de infraestructuras educativas de 42 millones de euros, como solicitó el PP en una PNL contra la que votó el PSOE en el Congreso, Suárez ha insistido en la necesidad de que el Ministerio convoque cuanto antes una conferencia sectorial.
Sobre la reducción de la burocracia en el sistema educativo, el consejero ha anunciado que en el próximo curso 2025-2026 su departamento empezará a formar al personal en el uso del aplicativo Doramas, que sustituirá al vigente Pincel Ekade y que, basado en el andaluz Séneca, permitirá reducir en más de un 50 % los trámites a toda la comunidad educativa.
La previsión de Suárez es que Doramas, que supondrá una inversión plurianual de 13 millones de euros, comience a operar en Infantil, Primaria y Secundaria en el curso 2026-2027, en Bachillerato en el siguiente, y en FP en el período lectivo 2028-2029.
La dignificación de la profesión docente ha sido otro de los asuntos abordados por ANPE y Suárez en el encuentro de este viernes, habida cuenta de que «faltan vocaciones» y de que esta labor «ha dejado de ser atractiva en determinadas áreas», de ahí que el sindicato abogue por «rediseñar» este trabajo para garantizar así a «los docentes del futuro».
A juicio de Pedro Crespo, la bajada progresiva de ratios acordada en Canarias contribuirá «no a que el profesorado trabaje menos, sino a que pueda atender mejor a la diversidad que hay en las aulas», si bien también considera que el personal docente debe recuperar el salario que ha perdido en los últimos años, que, según ha dicho, ha sido más del 20 % porque no se han mejorado complementos retributivos como los sexenios.
A ello ha sumado la necesidad de mejorar la consideración social del profesorado, en lo que las familias han de colaborar porque «los docentes no somos responsables de la educación de los niños y las niñas».
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