Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).
– Los abogados mutualistas, más de 60.
000 en España, se ven «atrapados» en un sistema fallido y reclaman que sus aportaciones pasen a la Seguridad Social, ya que la situación es «muy grave» para muchos de los que se han jubilado, ya que perciben 400 euros al mes.
Situación que ha denunciado la abogada Naima Riquelme, miembro deL colectivo Plataforma de Afectados por Mutualidades (J2 Atermutua, Venia, Marea, Ala, J2 Provinciales), quien ha recordado que el sistema mutualista, alternativo a la Seguridad Social, era obligatorio hasta 1995.
Ha añadido que en 2005 se ofreció la posibilidad de cambiar, pero sin opción a disponer de lo aportado, y sin consideración de los años cotizados.
Además, la mutualidad prometía pensiones que «merecían la pena», y ahora, por lo que considera una «mala gestión» de la mutualidad y la falta de supervisión del Gobierno de España, muchos abogados jubilados perciben 400 euros, ha indicado Naima Riquelme.
Ha comentado que hasta 2013 no tenían cobertura sanitaria, ni derecho a baja, algo que tienen en la actualidad pero solo cubre un año en todo el periodo laboral, con lo que están «totalmente desamparados» quienes padecen alguna enfermedad grave.
La información que recibían de la mutualidad «no era real» y la la han obtenido por las redes sociales desde hace unos dos años, cuando se llevó a cabo la reforma por la cual los trabajadores autónomos tienen que cotizar en función de los ingresos.
Naima Riquelme ha criticado, asimismo, que las mujeres cobrarán una pensión inferior porque tienen una mayor esperanza de vida, y ha denunciado que desde los colegios de abogados y la mutualidad no se les ha dado información hasta hace unos dos años.
Los decanos de los colegios de abogados, 80, tienen el título de protectores de la mutualidad, en cuya junta tienen voto, y Naima Riquelme ha comentado que en 2005 ya disponían de un informe en el que se recomendaba que los abogados mutualistas pasasen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) porque el de la mutualidad era «inviable».
En la actualidad el grupo Socialista en las Cortes ha presentado una proposición de ley para que haya una «pasarela» que permita a los abogados mutualistas pasar a la Seguridad Social las aportaciones que han hecho.
Pero desde la plataforma se critica que esta pasarela no ampara a todos los abogados, y se reclama que acoja a todo el colectivo, piden que cada año trabajado se compute como año cotizado para todos.
Naima Riquelme ha explicado que hay estudios que avalan la viabilidad del sistema de paso a la Seguridad Social, que ahora está afectada por el llamado «baby boom», que llegará hasta 2035, y la entrada de los mutualistas aportaría dinero para esas jubilaciones.
La situación de mutualistas afecta a otras profesiones llamadas liberales, como ingenieros, arquitectos y aparejadores, que dependen de otras mutuas y que sumados son más de 200.
000 en toda España.
Colectivos como los registradores de la propiedad, notarios y miembros de la Iglesia católica pudieron cambiar al Reta desde la mutualidad cuando estaban en una situación simular.
Los abogados tienen cada año elecciones para elegir los delegados territoriales de la mutualidad, que en el caso de Tenerife se celebrarán el 26 de mayo próximo, y quienes sean elegidos en ese colegio de abogados participarán en la asamblea nacional que tendrá lugar el 28 de junio en Madrid.
En las anteriores elecciones hubo irregularidades en los colegios de Madrid y Barcelona, los más numerosos y se ha cambiado este año el reglamento electoral, de forma que incluye cuestiones como que si en una votación hay más votos que electores se vuelve a contar, y si se repite la situación el presidente de la mesa, de forma «aleatoria» sacará los votos de las urnas, ha comentado Naima Riquelme.
También ha criticado que para participar en las elecciones hay que tener un código QR, pero no lo han recibido todos los abogados, y han denunciado que están en una situación de desproteccion «total».
En el ámbito político «en apariencia todos nos apoyan» pero la situación no cambia y el gobierno central no supervisa , ha concluido.
EFErdg/spf