Las Palmas de Gran Canaria, 8 may (EFE).
– La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha expresado este jueves su preocupación por la inseguridad jurídica que percibe en la nueva norma para el reparto de las ayudas destinadas a la gratuidad del transporte en guaguas y en tranvía en el archipiélago.
Según ha informado la Consejería de Transportes en un comunicado, Fernández ha trasladado su preocupación a la Comisión General de Directores Generales convocada por el Ministerio, porque «no podemos vernos en la situación de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas», ha afirmado.
En esta línea, la directora general ha resaltado «la complejidad normativa y la inseguridad jurídica» que atribuye a la nueva fórmula estatal para distribuir las ayudas a la gratuidad, «que unifica criterios de comunidades con realidades muy distintas».
Así mismo, ha señalado que Canarias no puede aceptar que las ayudas lleguen en diciembre, como ha ocurrido el año pasado, cuando las administraciones insulares han tenido que adelantar recursos durante todo el ejercicio para sostener la gratuidad del servicio.
Fernández ha trasladado a la comisión «la necesidad urgente de anticipar los pagos, garantizar la suficiencia de las partidas y clarificar los requisitos de acceso, como la exigencia de tener implantadas zonas de bajas emisiones, que podría afectar negativamente a los territorios en los que ese proceso se encuentra judicializado».
Asimismo, Fernández ha recordado que el Gobierno de Canarias ya había planteado por escrito al Ministerio de Transportes un informe detallado con los principales asuntos que preocupan y ha celebrado se le haya «garantizado de forma verbal que el anticipo se transferirá de forma íntegra y en un plazo significativamente más temprano, con el objetivo de que se realice en septiembre, en lugar de finales de diciembre como ocurrió en 2024».
Además, ha explicado que el Gobierno central ha asegurado que el régimen específico aplicable a Canarias no estará condicionado por los mismos requisitos que el del resto del España, lo que otorgará mayor margen y tranquilidad a las administraciones insulares a la hora de tramitar y justificar estas ayudas.
No obstante, Fernández ha insistido en que «hasta que no tengamos el informe de la Abogacía del Estado por escrito, no podremos hablar de seguridad jurídica total» y ha reclamado celeridad para evitar incertidumbres de cara a la ejecución del presupuesto de 2025 y 2026.
Por otra parte, Canarias ha propuesto ser territorio piloto para el título único nacional en la que ya el Ejecutivo canario está trabajando por ser una herramienta «fundamental para mejorar la movilidad en las islas» y que permitiría a los usuarios canarios utilizar un solo bono en cualquier punto del territorio español.
María Fernández ha invitado formalmente a la Secretaría General de Movilidad a visitar Canarias para mantener un encuentro con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad responsable del desarrollo del título único canario, con el objetivo de explorar la posibilidad de integración entre el título único estatal y canario, de cara a su puesta en marcha en 2026.
En cuanto a las novedades normativas respecto a las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC), Fernández ha asegurado que Canarias se encuentra protegida frente a las recientes sentencias judiciales que han afectado a otras comunidades autónomas, gracias a la «regulación prudente, adaptada a normativa europea y sin excesos» del decreto ley aprobado el pasado año.
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