Santa Cruz de Tenerife, 15 may (EFE).
– La Fiscalía de Santa Cruz solicita una pena de siete años de cárcel y la devolución de 90.
000 euros a un funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias que se hizo pasar por inspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) .
El ministerio público acusa a esta persona de estafa continua agravada, al engañar a dos hermanos con la promesa de que les iba a solucionar un problema fiscal que les había sido notificado.
El juicio iba a tener lugar hace algunos meses pero se suspendió y la previsión es que se celebre la semana próxima.
Los hechos se produjeron a partir de que los hombres recibieran una comunicación de la agencia tributaria en la que se les informaba del inicio de un expediente de comprobación e investigación.
Ante ese conflicto fiscal otra persona les dijo que tenía un amigo que era inspector de Hacienda, con quien les podía poner en contacto para solucionar la posible imposición de una sanción.
Haciéndose pasar por inspector de la AEAT se fijó la cita en una oficina situada en una tienda, y luego otra en la que exigió el pago de 30.
000 euros, asegurando que el dinero no era para él sino para personal de Hacienda.
Cada hermano desembolsó 15.
000 euros, introduciendo el dinero en una caja de zapatillas deportivas, cubierto de papel transparente y se lo entregaron a una empleada manifestando que era para el acusado.
Después de este primer pago el procesado les informó de que los supuestos trámites iban bien pero, con el fin de infundirles miedo por la existencia de un posible delito fiscal, les pidió a lo largo del tiempo otros 60.
000 euros, con el compromiso de que el asunto no llegaría a los tribunales.
Uno de los hermanos dijo al acusado que no tenía más dinero y que el entregado en la última ocasión era el que tenía ahorrado para que su hijo acabara la carrera de Magisterio y para montar una guardería.
No obstante, el funcionario exigió otros 30.
000 euros, a lo que se negaron los denunciantes.
El expediente terminó con el abono a Hacienda por parte de cada uno de los hermanos de casi 74.
000 euros, de los que unos 13.
000 eran intereses de demora, pero lo cierto es que el investigado no tuvo nada que ver con el trámite porque no tenía capacidad ni influencia alguna para ello.
Al acusado le constan antecedentes penales por una sentencia firme a dos años de cárcel por la Audiencia Provincial por el mismo delito, aunque fue suspendida su entrada en prisión.
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