Delgado interpela a toda la sociedad para combatir el impacto del porno entre menores

Santa Cruz de Tenerife, 23 may (EFE).

– La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha interpelado este viernes a toda la sociedad canaria a la hora de combatir el impacto del consumo de pornografía entre menores, lo que sucede «cada vez a edades más tempranas».

Delgado ha detallado en comisión parlamentaria, preguntada por la diputada nacionalista Cristina Calero, que este es un fenómeno que «a toda la sociedad» y también a la clase política «nos preocupa y debemos poner todo sobre la mesa ya» para tratar de atajarlo.

Se trata, ha proseguido, de una cuestión que «no solo refleja la persistencia de una violencia cultural contra las mujeres» sino también la necesidad de reforzar la educación afectivo sexual entre los jóvenes.

En la parte que le toca al ejecutivo canario, Delgado ha indicado que lleva a cabo «una estrategia amplia y continuada» en una materia, la de la prevención de las violencias machistas, que «forma parte esencial de nuestras políticas».

Ha recalcado que la nueva ley de infancia y adolescencia, que ya ha superado la fase de consulta pública, contiene un apartado específico de protección ante todas las formas de violencia.

Además, ha proseguido, se están poniendo en marcha los centros de atención las 24 horas a víctimas de agresiones sexuales, y tras los de Tenerife y Fuerteventura entrarán en funcionamiento los de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma «entre esta semana y la que viene».

La consejera ha aludido también a acciones específicas, como la desarrollada con la Asociación Mercedes Machado sobre formación en pornografía y violencia sexual en la infancia y la adolescencia, o el programa ‘Pornohablar’, que fomenta la capacidad crítica frente a os contenidos pornográficos.

Pero más allá de los programas del Gobierno de Canarias y de otras administraciones, ha hecho una llamada al conjunto de la sociedad para «frenar juntos discursos negacionistas» de la violencia machista y para desterrar una «cultura de dominación que no tiene cabida en una sociedad democrática».

Cristina Calero (CC) ha advertido del peligro de que los jóvenes construyan su deseo y su identidad sexual a partir de los vídeos pornográficos que consumen, en algunos casos «con situaciones de violencia extrema».

Y lo que acaba sucediendo, ha continuado Calero, es que «no se identifican como violadores ni como víctimas» y que al final «se acaba normalizando la violencia».

En la misma comisión, Candelaria Delgado ha explicado, a instancias de la diputada de Vox Paula Jover, que se está trabajando en un nuevo decreto para agilizar la certificación de las entidades que gestionan centros de mayores y de personas discapacitadas, y así concentrar los esfuerzos en la labor de inspección.

La consejera ha detallado que desde julio de 2023 se han realizado más de 450 inspecciones, de las cuales algunas han devenido en procedimientos sancionadores y en el cierre de dos centros, ambos en Gran Canaria.

La tercera y última pregunta que ha podido responder antes de sufrir un desvanecimiento, ha sido a la formulada por la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana sobre la licitación del centro de primeras llegadas de El Matorral, en Fuerteventura.

Delgado ha aclarado que el Gobierno de Canarias no participa de ese proceso y que no ha recibido del Ministerio «información oficial ni detallada sobre su alcance, el cronograma o el modelo de gestión», y ha reclamado al Estado que le permita hacerlo por su «experiencia y conocimiento territorial».

«Esto no debe afrontarse como un eje centro-periferia, sino desde la corresponsabilidad y la planificación compartida», para «fijar posiciones y criterios claros», como por ejemplo capacidad máxima, tiempo de estancia, atención sanitaria y jurídica o derivación a recursos especializados, ha enumerado.

Ha añadido que la gestión del fenómeno migratorio «se debe construir desde la responsabilidad compartida y la lealtad institucional y no desde la improvisación y la distancia.

Reivindicamos nuestro derecho a participar activamente en las decisiones que afectan a nuestros territorios, recursos y personas».

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