Santa Cruz De Tenerife, 23 may (EFE).
– La comisión del Parlamento de Canarias sobre la Audiencia de Cuentas ha tramitado este viernes en un solo debate acumulado seis informes del órgano fiscalizador sobre las dos universidades públicas canarias, el más antiguo de ellos correspondiente a 2018 y el más actual a 2020.
Hasta los rectores han cambiado e incluso «ha pasado una promoción de graduados», ha puesto de manifiesto el diputado del PSOE Marcos Bergaz para subrayar el retraso, y ha sentenciado que en fiscalización «el control diferido y tardío es poco efectivo».
No ha sido el único diputado que ha hecho observaciones sobre el retraso en los informes, una demora que el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha explicado por una sucesión de causas.
Por una parte, el retraso se debe a que los informes fueron encargados en 2022 y además la Audiencia de Cuentas en este tiempo ha establecido «prioridades» en su labor fiscalizadora.
Además, se firmó un convenio de colaboración con la Intervención General de la Comunidad Autónoma para no duplicar esfuerzos y repartirse el control de las cuentas de los centros académicos y «pensábamos que ese marco de colaboración iba a ser más rápido y no ha sido así».
Pacheco ha anticipado que el mismo retraso que ha ocurrido con los informes de fiscalización de las dos universidades en esta ocasión ocurrirá con los correspondientes a 2021, 2022 y 2023, que no se debatirán en el Parlamento hasta dentro de uno o dos años.
Las demoras se corregirán a partir de los informes de fiscalización de las cuentas universitarias de 2024, porque irán incorporados al informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, que se sustancia antes del 31 de diciembre del ejercicio siguiente.
Pedro Pacheco se ha referido a algunas consecuencias que conllevan los informes de fiscalización tardíos.
En 2023, la audiencia de cuentas informó al parlamento de los informes universitarios de 2016 y 2017 y en esos informes había indicios de responsabilidad contable en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en dos supuestos.
El primero de esos supuestos era por deficiencias en la justificación de las cuentas por anticipo de caja fija y el segundo por los gastos realizados con tarjetas de crédito.
En el Tribunal de Cuentas se incoaron diligencias previas que concluyeron con el archivo de las actuaciones, en el caso de los gastos realizados con las tarjetas de crédito debido a que ya había prescrito la acción de reintegro.
En cuanto los anticipos de caja fija, el Tribunal los consideró «meros defectos de contabilización».
En estos seis nuevos informes de fiscalización, la Audiencia de Cuentas emite opinión favorable en todos ellos, pese a que ha encontrado deficiencias.
Una de las deficiencias comunes halladas en las dos universidades públicas no se refiere a cuestiones de contabilidad, sino al incumplimiento por ambas de Ley de Igualdad sobre paridad en los órganos de gobierno, que obligan a que no puede haber representación inferior al 40% de ninguno de los dos sexos.
En la Universidad de La Laguna empezó a cumplirse a partir de 2020 en todos sus órganos de gobierno.
Otras deficiencias incluidas en algunos de los informes se refieren a que no hay información detallada ni seguimiento de los ingresos, de las subvenciones o de transferencias, ni seguimiento de los proyectos de gastos ni de la financiación afectada.
También comparten las universidades numerosas nulidades de contratación emitidas.
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