Santa Cruz de Tenerife, 28 may (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado, con los votos de los grupos del Gobierno y el apoyo parcial de Vox, un pronunciamiento en el que se pide al Ministerio de Sanidad que retire el borrador de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
La diputada de CC Socorro Beato ha defendido esta propuesta porque en su opinión el Estatuto marco ha sido rechazado por los profesionales sanitarios, invade competencias autonómicas, pone en riesgo la estabilidad laboral y la calidad asistencial y desincentiva la presencia de profesionales en el servicio público en favor de la sanidad privada o de la emigración al extranjero.
El diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino se ha mostrado de acuerdo en que el estatuto no es perfecto, y por eso debe ser negociado, pero proponer su bloqueo total «no es defender la sanidad pública».
También ha instado al Gobierno de Canarias a que plantee su posición y sus planteamientos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que es donde se está negociando este estatuto con las comunidades autónomas.
Una posición similar ha defendido el diputado de NC-BC Ione Caraballo, quien ha señalado que es el momento de negociar.
Además de que retire el borrador de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el Parlamento de Canarias pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios y que incorpore a las comunidades autónomas en el proceso de negociación de la reforma.
Ninguna modificación legislativa debe suponer un deterioro en la estabilidad laboral y los derechos adquiridos por los facultativos, según la propuesta aprobada.
Además, se pide que cualquier reforma atienda a las singularidades de la Comunidad Autónoma de Canarias y tenga en cuenta los problemas derivados de la lejanía y la insularidad y la dificultad para cubrir plazas en determinadas zonas, en especial en las islas no capitalinas.
Otra reclamación es que se implementen medidas que fomenten la contratación estable de profesionales sanitarios en Canarias, evitando la precariedad y asegurando la calidad asistencial en todas las islas.
Se pide al Gobierno que las decisiones que se adopten por el Gobierno de España y que lleven aparejado un impacto presupuestario en las arcas autonómicas sean financiadas por el Estado.
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