Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).
– La Asociación de Empresarios de Triana emprenderá acciones legales contra la nueva distribución de las terrazas en la calle Cano, que reduce hasta en un 50 % el aforo disponible para los negocios situados en esa vía de la capital grancanaria.
En un comunicado difundido este miércoles, la asociación señala que esta medida, publicada el pasado 10 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia, «unida a una campaña continuada de inspecciones y sanciones en los últimos meses», ha generado «una situación insostenible para varios establecimientos hosteleros clave en el equilibrio económico de la zona».
Desde la asociación han asegurado haber buscado «siempre el consenso y la convivencia entre usos en todas sus actividades en pro del descanso vecinal» y que comparten con la asociación vecinal Enamorados de Triana «una visión común de barrio vivo, amable y con identidad».
No obstante, desaprueban «que la calle Cano sea una zona que comprometa el descanso de los residentes» y «que no se les haya tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión que consideran drástica».
A raíz de este desencuentro, la Asociación de Empresarios Zona Triana ha suspendido las actividades de dinamización previstas para el primer fin de semana abierto del mes de junio y ha señalado que destinará los recursos previstos para esas dinamizaciones a acompañamiento legal y estratégico de los empresarios afectados, así como a lanzar una campaña pública de visibilización.
El objetivo de esta campaña, han dicho, es «preservar un modelo de ciudad donde la actividad económica y el bienestar vecinal convivan de forma armónica, sin imposiciones ni agravios».
En la nota, los empresarios de Triana han aplaudido el compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de informar con antelación sobre las actuaciones previstas para la próxima campaña de Navidad y que se estén tendiendo puentes para trabajar en conjunto en distintas áreas.
Pero han insistido en su responsabilidad como asociación de defender los intereses de las empresas asociadas, garantizar la seguridad jurídica del sector y responder ante cualquier actuación que ponga en riesgo su actividad.
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