El Gobierno defiende el decreto de agilizar licencias para incentivar a construir vivienda

Santa Cruz de Tenerife, 4 jun (EFE).

– El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este miércoles el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, pues incentivan al sector privado a construir vivienda protegida y vivienda asequible.

El decreto, destinado a resolver el problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas, según ha precisado el Ejecutivo.

A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

Pablo Rodríguez, tras reunirse con representantes de Fepeco, ha negado en declaraciones a los medios de comunicación que se invadan competencias de los ayuntamientos debido a que el decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas.

Ha afirmado que la propia Fecam ha elaborado un informe en el que sostiene que no hay invasión de competencias, al tiempo que ha esgrimido que el informe técnico para obtener la licencia urbanística no lo tiene por qué hacer un técnico urbanístico sino que también lo puede realizar una entidad acreditada, lo que garantiza su «imparcialidad».

Ha comentado que esta normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses.

El decreto, que ya está en vigor tras haber sido convalidado en el Parlamento de Canarias, agiliza las licencias «para seguir incentivando al sector privado a construir vivienda», ha insistido Rodríguez, quien ha señalado que encontrar una vivienda de alquiler en las grandes ciudades de Canarias es muy complejo y además muy caro.

Por eso es necesario, a su juicio, incentivar que se vuelva a construir vivienda «en términos generales» y también trabajar para que mucha vivienda que hoy está cerrada vuelva al mercado de alquiler a través de incentivos fiscales.

Según ha recordado, en la declaración de la renta de este año hay hasta 1.

200 euros de deducción fiscal para aquellos propietarios de vivienda que vuelven a incorporar su vivienda al mercado de alquiler.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ha valorado «la valentía» del Gobierno de Canarias «por haber sacado adelante este decreto de ley de simplificación administrativa».

Ha denunciado que en Canarias hay «un problema básico y estructural» consecuencia de una administración pública «que no está respondiendo a las necesidades que el sistema productivo en este momento necesita».

Izquierdo ha dicho que es «intolerable» que en este momento las licencias de obra, que según la normativa se tienen que conceder en tres meses, tarden en la mayoría de los ayuntamientos más de tres años.

El presidente de Fepeco, que ha admitido estar «muy ilusionado», ha lamentado que los alcaldes que se oponen a este decreto lo hagan por motivos ideológicos «y de simple y bajera oposición» y no por cuestiones jurídicas, ni técnicas.

«La sociedad canaria no se merece en este momento esta discrepancia por parte de algunas alcaldesas y de algunos alcaldes socialistas», ha apostillado.

Para Izquierdo, la normativa tampoco invade competencias y lo que hace es «todo lo contrario», ayuda a los ayuntamientos a sacar trabajo.

En definitiva, ha continuado, este decreto «lo que viene es a solventar, a ayudar, a multiplicar para que las licencias puedan salir con más facilidad, siempre manteniendo la seguridad jurídica».

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