Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso para reformar la Ley de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones de 1996 con el objetivo de actualizar su contenido, lenguaje y estructura para acercarla a la realidad actual de este fenómeno.
Según ha detallado la Consejería de Bienestar Social este viernes en un comunicado, aunque esta ley fue pionera en su momento, ya ha quedado desfasada tras casi tres décadas en vigor, con expresiones que ya no responden a los marcos normativos ni al enfoque de derechos que está vigente en España en la actualidad.
Además, ha ahondado el departamento regional, fija los 60 años como único criterio para definir a las personas mayores, sin tener en cuenta la diversidad del envejecimiento.
Entre los cambios más destacados que se proponen para esta norma se incluyen el reconocimiento explícito de derechos como la autonomía, la capacidad jurídica con apoyos, el derecho a vivir en el entorno habitual, a participar activamente, a la salud integral, al acceso digital y a la protección frente a la soledad no deseada.
También se incorporarán principios rectores como la accesibilidad universal, la no discriminación por edad o género, la solidaridad intergeneracional, la transparencia y la cohesión territorial, al tiempo que se crearán nuevos consejos insulares y municipales con representación real y capacidad de propuesta.
Por otro lado, la nueva normativa propiciará una modernización del Consejo Canario de las Personas Mayores, así como la implementación de un sistema de seguimiento, evaluación e inspección pública, con indicadores, un observatorio autonómico y un régimen sancionador para proteger derechos.
La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, ha subrayado que con la reforma de la normativa se busca respetar y mejorar: «Queremos que Canarias tenga una ley moderna, con enfoque de derechos, que esté a la altura de las personas mayores de nuestras islas».
Asimismo, ha insistido en que la construcción de esta nueva ley se está realizando desde la participación directa, haciendo un recorrido por los centros de mayores de todo el archipiélago para presentar el borrador y escuchar a los mayores, profesionales y equipos técnicos.
«Porque esta ley no se hace desde un despacho, se construye desde la realidad, con quienes viven el sistema cada día», ha insistido Meseguer, quien ha añadido que el objetivo «es claro, proteger, reconocer y dar herramientas reales» a las personas mayores para que sigan decidiendo sobre sus vidas y participando en la sociedad.
Según el Gobierno regional, la nueva normativa se alinea con la Ley estatal 8/2021 y con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando enfoques asistencialistas o tutelares y apostando por una visión centrada en el respeto, la autodeterminación y la inclusión.
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