Santa Cruz de Tenerife, 13 jun (EFE).
– Un empresario ha aceptado la pena de dos años de cárcel y pagar 753.
000 euros, el doble de la cantidad estafada, a una veintena de empresas del sector de los congelados y transportes, al ser autor de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa agravada, por lo que también pagará multa de 810 euros.
La entrada en prisión queda suspendida durante cinco años a condición de que no delinca en ese período de tiempo y abone las cantidades comprometidas, se tienen en cuenta las dilaciones indebidas y además en ejecución de sentencia, que ya es firme, se determinará lo que deberá pagar a las aseguradoras.
Igualmente, se ordena la disolución de la veintena de sociedades “fraudulentas” creadas a través de las cuales se cometieron estos delitos.
El otro acusado está en busca y captura y se absolvió del delito de receptación a un empresario y a dos entidades.
El encausado, que ya había sido condenado a apropiación indebida y tiene otras causas pendientes en diferentes lugares de España por delitos similares, se trasladó en 2010 a la isla para emprender varios negocios que resultaron fraudulentos.
Para ello contactó con el otro acusado en busca y captura y juntos alquilaron una oficina, contrataron varias líneas telefónicas y adquirieron un vehículo del que solo pagaron las dos primeras cuotas y en vez de devolverlo y abandonaron hasta que fue hallado por la policía con distintos daños.
El procesado dejó de abonar el alquiler de la oficina, por lo que su propietario optó por resolver el contrato, dirigiéndose a recuperar la posesión de su local, hasta el punto de precisar la presencia policial, descubriendo entonces los agentes presentes cuantiosa documentación sobre la trama organizada.
El condenado y su socio contactaron con once personas, mayores de edad gran parte de los cuales era jóvenes desempleados, con nulos o pocos ingresos económicos, escasa formación académica y sin conocimientos en el ámbito de la formación y gestión de empresas.
Los convencían para que a cambio de la promesa de participar en el reparto de las ganancias que obtuvieran en el desarrollo de los futuros negocios que iban a realizar, prestaran su nombre y demás datos de identidad.
De esta manera constituyeron entidades de las que eran administradores únicos, aunque no fueron acusados al determinarse que en realidad sólo uno de ellos estaba al tanto de lo que ocurría.
Estos jóvenes se prestaban a acudir a notarías, registros mercantiles y de la propiedad y bancos para hacer determinados trámites cuyo coste podía alcanzar entre los 3.
000 y los 6.
000 euros.
De esta manera llegaron a constituir la veintena de empresas pero sin dar de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social, además de carecer de sede física ni desarrollar actividad alguna, más allá de las fraudulentas, pese a lo cual conseguían préstamos de entre 300.
000 euros y un millón.
Todo ello les daba una apariencia de solvencia en el sector de los congelados que adquirían pero nunca llegaron a pagar, utilizando incluso pagarés falsos hasta sumar el mencionado fraude, dejando deudas de entre 800 a casi 60.
000 euros.
Parte de este dinero fue abonado por las compañías de seguros y se considera que fueron los dos acusados quienes principalmente se lucraron de esta actividad.
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