Las Palmas de Gran Canaria, 17 jun (EFE).
– La diputada de Nueva Canarias Esther González ha exigido al Gobierno que se proteja a Canarias del impacto del comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la Unión Europea (UE) para las conexiones aéreas y marítimas del Archipiélago, más allá de 2030.
González reclama activar toda la fortaleza del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE que reconoce las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y adelantar a 2025 el impacto de la aplicación, desde el 1 de enero de 2024, del 40 por ciento del derecho de emisiones de CO2 en el transporte marítimo.
La parlamentaria de NC-BC avisa en un comunicado de que el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero tiene un impacto negativo grave y creciente sobre el Archipiélago.
“Lo que nos están imponiendo no es una transición ecológica justa, es una penalización silenciosa a la vida en las islas”, afirma la portavoz en políticas europeas del grupo nacionalista progresista.
Considera que el modelo europeo pone en riesgo la conectividad, la competitividad y el bienestar económico y social de las islas.
Destaca que, hasta 2030, las islas están exentas del impuesto de emisiones de CO2 en sus conexiones aéreas y marítimas interinsulares y con el Estado.
Considera necesario que se evalúe su impacto antes de su posible implementación después de 2030 y defendió la necesidad de prorrogar la exención.
Alerta además del impacto de la aplicación, desde el 1 de enero de 2024, del 40 por ciento del derecho de emisiones de CO2 en el transporte marítimo, principalmente con los países donde más se comercializa (Latinoamérica, África y la UE).
Un porcentaje que aumentó al 70 por ciento en 2025 y al 100 por cien en 2026.
Las navieras, asegura NC, ya repercuten estos costes en las cadenas de suministros, lo que afecta directamente a las empresas canarias y a los consumidores.
EFEas