Telde llevará al pleno del 27 de junio la aprobación de su primera ordenanza de patrocinio

Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).

– El Ayuntamiento de Telde elevará al pleno municipal del 27 de junio la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Patrocinio, la primera de su historia, que establece un marco jurídico «claro, transparente y seguro» para la colaboración público-privada.

El Ayuntamiento teldense ha destacado en un comunicado que se trata de «un paso histórico», ya que esta normativa, «pionera en el municipio», establece un sistema para canalizar colaboraciones entre el sector público y privado con fines de interés general.

La ordenanza, ha detallado el Consistorio, es el resultado de un proceso participativo, que ha incluido la publicación del borrador en el Tablón de Anuncios de la web local, el traslado a todos los grupos políticos municipales, así como la incorporación de informes técnicos y jurídicos.

A lo largo de este recorrido, no se presentaron alegaciones ni modificaciones por parte de los grupos ni de la ciudadanía, lo que evidencia el amplio consenso generado, destaca el Consistorio en su nota.

El texto ha sido aprobado por unanimidad en la Junta de Gobierno Local y responde a la ausencia de una normativa específica que regule cómo se formalizan y gestionan los patrocinios, una herramienta cada vez más común para apoyar actividades culturales, deportivas y sociales.

La ordenanza «garantiza la transparencia, establece límites claros a las contraprestaciones.

Asimismo, incorpora la igualdad de género y el uso no sexista del lenguaje como principios fundamentales en la ejecución de las actividades patrocinadas», precisa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Telde «refuerza su compromiso con la buena gobernanza, promueve la participación activa del tejido empresarial» en el desarrollo del municipio, y «marca un antes y un después» en la regulación municipal.

De esta forma, «Telde apuesta por un modelo de gestión más abierto, eficaz y alineado con los principios de legalidad y eficiencia del gasto público».

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