Santa Cruz de Tenerife, 1 jul (EFE).
– El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha expresado este martes su profunda discrepancia con la proposición de ley sobre Consejos Sociales en trámite en el Parlamento de Canarias, al entender que podría vulnerar la Constitución al limitar la autonomía universitaria.
El órgano universitario ha aprobado un acuerdo con 31 votos a favor y 2 abstenciones en el que considera además que esta proposición de ley contradice lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y altera gravemente el modelo de gobernanza de las universidades públicas canarias.
El acuerdo aprobado insta al Parlamento de Canarias a revisar en profundidad el texto de la proposición, ajustándolo a lo establecido por la legislación estatal y eliminando aquellas disposiciones que invaden competencias académicas y de gestión propias de otros órganos universitarios.
En concreto, y según informa la Universidad de La Laguna en una nota, el Consejo de Gobierno solicita que cualquier modificación de la normativa sobre Consejos Sociales esté en conformidad con el marco competencial básico previsto en la LOSU y garantice el contenido esencial de la autonomía universitaria.
El acuerdo faculta al rector, como representante de la Universidad de La Laguna, a realizar las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para el cumplimiento de este acuerdo.
Añade que este escrito será trasladado a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, grupos parlamentarios, Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), además de ser difundido a través de los medios y canales de difusión propios de la institución académica.
El acuerdo reconoce «el valor clave» de los consejos sociales para fortalecer la conexión de la universidad con la sociedad y estima que algunas de las atribuciones que la proposición de ley otorga a estos órganos supone asumir competencias que están residenciadas en otros, como el Consejo de Gobierno, creando duplicidades y erigiéndose en un órgano de gobierno paralelo “con atribuciones que contradicen la legislación básica estatal y limitando la autonomía universitaria”.
Durante el debate de este punto, el rector, Francisco García, matizó que este acuerdo no iba “en contra de los consejos sociales en general ni contra el Consejo Social de la Universidad de La Laguna en particular, con el cual las relaciones son magníficas”, sino que se opone a una concepción de este órgano que no es acorde con el espíritu de la LOSU.
El rector también recordó que los consejos sociales cambian con las mayorías políticas, por lo que resulta delicado que sean los responsables de tomar decisiones como aprobar la creación de titulaciones, departamentos e institutos universitarios de investigación.
“El consejo social puede aportar información para tomar esas decisiones, pero no deberían ser los decisores últimos”, añadió.
El presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Francisco Almeida, manifestó su oposición a este acuerdo pues, a su juicio, la proposición de ley no busca socavar la autonomía universitaria y cuenta con el consenso de los principales grupos parlamentarios.
Por contra, otros consejeros reclamaron actuaciones más contundentes para mostrar el desacuerdo de la institución académica y otros abogaron por buscar vías de negociación para evitar escenarios de confrontación directa.
EFEasd/acp