Descartan que acusados de robos, de vender drogas y de tener armas fueran banda organizada

Santa Cruz de Tenerife, 3 jul (EFE).

– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acordó este jueves que no formaban una banda organizada cinco personas que la Fiscalía acusa de cometer robos, vender drogas y tenencia de armas en el norte de Tenerife, por lo que cada delito y procesado será juzgado por separado pero en la misma vista.

En una sesión previa al juicio, en el que está prevista la participación de hasta 60 testigos, se aceptó la petición de las defensas que cada encausado se defienda de los cargos que le corresponda y no de forma conjunta como pretendía la Fiscalía.

El ministerio público pide 8,5 años de prisión a uno de ellos por robo, 5 al segundo por el mismo delito y 9 al tercero junto con el pago de 44.

200 euros, por considerarlo responsable también del tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

A dos más el ministerio público les solicita 4,5 años de cárcel a cada uno por robo en casa habitada, de los que uno de ellos habría cometido 18 de los 21 contabilizados, a veces junto a otros, a tres de venta de drogas y a uno se le encontraron armas en su casa.

Los acusados habrían actuado desde finales de 2022 hasta abril de 2024, cuando fueron detenidos y entraron en prisión provisional, después de que la Guardia Civil recibiera informaciones de que se dedicaban a sustraer joyas, monedas antiguas, dispositivos electrónicos y dinero en el interior de viviendas tras forzar las cerraduras.

En algunos casos atacaban a los propietarios, en otras ocasiones no lograban su propósito y en algunas más robaron cantidades que llegaron a los 8.

000 euros hasta sumar un total de 21 acciones delictivas.

Una vez detenidos se hicieron registros domiciliarios en los que se encontraron armas, unos 400 gramos de cocaína, 42 de hachís y medio de MDMA, drogas que hubiese alcanzado un valor de 22.

200 euros y algunos de los objetos robados así como útiles para cometer los hurtos.

El Ministerio Público solicita que se indemnice a las víctimas en la cantidad que se fije en la ejecución de sentencia por los objetos sustraídos.

En principio se pensaba que en la sesión de esta mañana se llegara a una conformidad pero finalmente la Fiscalía y los cinco abogados de la defensa no alcanzaron un acuerdo.

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