Rechazada moción a favor de trabajadores del área del Menor porque ya se está actuando

Santa Cruz de Tenerife, 9 jul (EFE).

– Los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias y Vox han rechazado en el pleno del Parlamento una moción del PSOE, apoyada por NC, a favor de medidas psicosociales y de salud laboral para el personal de la Dirección General de Infancia porque quieren dar un margen de confianza a la Consejería de Bienestar Social, que, según aseguraron, está trabajando en ello.

Los representantes del Gobierno y de Vox apuntaron además que la tensión que sufre este personal está relacionado por la necesidad de atender a los menores migrantes no acompañados, que está tensionando los recursos de la Comunidad Autónoma.

La diputada del PSOE Elena Máñez reprochó a los grupos del Gobierno que elijan apoyar al ejecutivo frente a los derechos y la dignidad de quienes trabajan con las personas más vulnerables.

Se vulneran los derechos de las trabajadores y las trabajadoras , y con ellos los de la infancia que hay que proteger, hasta el punto de que han tenido que presentar una denuncia ante la Fiscalía por vulneración de derechos de la infancia, recordó Máñez, quien dijo que la moción solo establece el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a las administraciones públicas a garantizar un entorno laboral seguro.

«La consejera tiene sobre su mesa un informe desde hace un año, tenía la obligación de presentar una propuesta y abrir un proceso de negociación, ha pasado un año y no ha presentado ni una sola propuesta al Comité de Seguridad y Salud», ha dicho Máñez, quien en su propuesta proponía que en el plazo de tres meses se presente una planificación para cumplir la ley.

El informe, recordó la diputada, señala que el 96,4% del personal técnico de intervención sufre una carga de trabajo excesiva y el 50% del personal administrativo también presenta un nivel elevado de riesgo psicosocial.

Además, el 50% del personal técnico se enfrenta a exigencias cognitivas y emocionales altas, y el 79% ha sufrido situaciones de violencia en el ejercicio de sus funciones.

EFEacp/asd