Santa Cruz De Tenerife, 12 jul (EFE).
– La Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria en Canarias ha expuesto ante la Diputación del Común la situación de sobrecarga asistencial inasumible ante lo que consideran continua carencia de recursos humanos y materiales, la burocratización excesiva y la ausencia de reconocimiento profesional.
La situación en este ámbito sanitario ha sido objeto de una reunión entre la portavoz de la citada plataforma, Vanessa Díaz, y la diputada del Común, Lola Padrón, quien ha pedido en un comunicado que se respete el derecho a la carrera administrativa para garantizar la movilidad en este sector.
Vanessa Díaz ha añadido además que hay un elemento «profundamente desmotivador y destructivo, que es el maltrato institucional continuado al que estamos siendo sometidos».
«Ya no podemos seguir soportando este desprecio a nuestros derechos laborales y humanos.
Esto está afectando a nuestra salud.
Nos sentimos menospreciados, abandonados.
Algunos profesionales médicos están experimentando situaciones de aislamiento laboral por parte de compañeros que se estabilizan, lo que está generando un clima de trabajo insano y perjudicial”, ha indicado Díaz según el comunicado de la Diputación del Común.
Al respecto, Lola Padrón ha considerado necesario que la Administración convoque un concurso de traslados “que está congelado desde hace 17 años en nuestra comunidad”.
La portavoz, Vanessa Díaz, ha indicado que precisamente esa circunstancia conlleva un triple perjuicio pues se ocasiona un daño indirecto, ya que se impide a los médicos de Atención Primaria acceder a las mejores plazas al no haberse convocado previamente un concurso de traslado, lo que da lugar «a una paradoja inaceptable».
Con ello se refiere a profesionales que no superaron la OPE de 2007 o que ni siquiera se presentaron «consolidarían plazas mejores que quienes sí lo hicimos, ya que se están blindando los mejores puestos al proceso de estabilización sin haber ofrecido a los fijos la oportunidad real de optar a ellos».
En segundo lugar, ha proseguido, se produce «un daño directo y gravísimo» al obligar a los profesionales de Primaria a abandonar sus plazas en comisión de servicios y retornar a las originales, muchas de ellas en otras islas, con el enorme coste emocional, personal, familiar y económico que ello implica.
Y, en tercer lugar, «jamás podremos acceder a estos puestos que ocupamos en comisión, a pesar de haber permanecido en algunos casos más de 20 años en ellos».
Los representantes de la plataforma han pedido además a la diputada del Común que traslade al Defensor del Pueblo la posible inconstitucionalidad del artículo 77.
4 de la Ley 7/1985 de Ordinación Sanitaria de Canarias, al haberse modificado recientemente.
EFEasd