Santa Cruz de Tenerife, 16 jul (EFE).
– El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha dicho este miércoles que el proyecto de ley de protección del arbolado urbano que está en tramitación parlamentaria tiene «buenas intenciones» pero asegura que no podría colapsar los servicios municipales, ya que en ella no se les dota de medios humanos y materiales.
Medios técnicos y personal cualificado que se necesitan para evitar riesgos y garantizar la sanidad del patrimonio vegetal, se indica en un comunicado en el que el colegio de ingenieros agrónomos añade que, sin una dotación de recursos adecuada, tanto económicos como técnicos, la ley podría bloquear por completo la capacidad operativa de muchos ayuntamientos, especialmente los pequeños y medianos.
Insiste en que si se aprueba el proyecto de ley tal y como está planteada, con altos niveles de exigencia pero sin estructura técnica detrás, colapsarán los servicios municipales, pues muchos apenas cuentan con técnicos o con operarios generalistas que se encargan de todo, desde reparar una acera hasta regar un jardín.
Explica el colegio de ingenieros agrónomos que la tala de 17 laureles de Indias en Santa Cruz de Tenerife y el proyecto de ley de protección del arbolado urbano reabren el debate sobre la gestión verde en Canarias, que destacan, requiere la intervención de profesionales cualificados y mayores recursos técnicos y humanos.
En el caso de los laureles de Indias de la capital tinerfeña explica que tenían un deterioro fisiológico irreversible, derivado de una infección vascular causada por el hongo de la madera (Lasiodiplodia theobromae).
Asegura que la única técnica de control efectiva actualmente consiste en intervenir mediante podas sanitarias o, en última instancia, la eliminación del ejemplar.
Según el colegio de ingenieros agrónomos, el trabajo técnico consiste en anticiparse al daño, intervenir con previsión y tomar decisiones responsables, incluso cuando estas son difíciles o impopulares.
Y es en ese contexto en el que advierte de que los riesgos operativos y técnicos que conllevaría el texto del proyecto de ley de protección del arbolado urbano, que, subraya, tiene una regulación «excesivamente rígida, sin respaldo de medios materiales ni humanos en los ayuntamientos».
En la propuesta de ley se prohíben la tala de árboles y las podas drásticas sobre ejemplares en suelo urbano con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro medido a 1,40 metros del suelo, además de obligaciones específicas para los propietarios y la exigencia de un inventario municipal de arbolado urbano actualizado cada 10 años.
El colegio de ingenieros agrónomos apunta que no basta con prohibir la tala o imponer inventarios, sino que se necesita personal que sepa interpretar los datos, analizar su evolución, tomar decisiones informadas y aplicar medidas correctoras.
Aboga porque la gestión eficiente de los espacios verdes urbanos comience en su planificación, desde la selección de las especies a utilizar, conociendo sus necesidades vitales, patrones de desarrollo, posibles plagas y enfermedades, para asegurar la supervivencia a largo plazo del ejemplar.
Eso exige formación técnica y experiencia.
«Todo ese compendio lo aportamos los ingenieros agrónomos”, añaden.
El colegio subraya que hacer un inventario puntual sin continuidad ni seguimiento no tiene valor práctico real, y sólo es útil si se mantiene actualizado, se analiza su evolución anual y permite corregir desequilibrios en la distribución, el estado o la diversidad vegetal del municipio.
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