Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).
– Izquierda Unida Canaria (IUC) ha exigido al Gobierno de Canarias la rescisión «inmediata» de todos los contratos con la entidad Quórum Social 77 tras el cierre judicial de dos centros de menores inmigrantes, el último el pasado jueves, durante la investigación sobre los recursos de acogida que gestiona para el Ejecutivo esta asociación.
En un comunicado este viernes, la formación ha calificado de «intolerable» el mantenimiento de vínculos institucionales con una entidad «investigada judicialmente por malos tratos, torturas y delitos de odio en centros de acogida de infancia migrante».
«La gravedad de los hechos es insoportable.
Estamos hablando de delitos contra la integridad moral de niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
Si desde las instituciones no se corta de raíz esta complicidad estructural, entonces el maltrato se convierte en política pública», ha afirmado la coordinadora nacional de IUC, Luisa Tamayo.
Con el cierre de los dos centros gestionados por Quórum Social 77 en Gran Canaria, el ‘Fortaleza I’ en Santa Brígida el pasado mayo, y el ‘José García’ de Arinaga, ayer, «casi 200 menores han sido víctimas de un modelo fallido, privatizado y opaco que ha sido objeto de denuncias durante años por parte de entidades sociales y de defensa de derechos humanos», ha manifestado IUC.
«Estamos ante un caso que no puede despacharse como un problema puntual ni con declaraciones de preocupación.
No se puede seguir entregando millones de euros a una entidad bajo investigación judicial, cuya trayectoria está manchada de sospechas y malas prácticas», ha agregado Tamayo al señalar la detención de dos directivos de la entidad, entre ellos su presidenta.
Aludiendo a datos oficiales, Izquierda Unida ha recordado que esta entidad gestiona más de la mitad de los centros destinados a la acogida de menores migrantes en Canarias y ha exigido explicaciones a la Consejera de Bienestar, Candelaria Delgado, y al presidente autonómico, Fernando Clavijo.
«La responsabilidad política es ineludible.
Las irregularidades eran conocidas, los informes estaban sobre la mesa y aún así se ha seguido premiando a una entidad que no debía seguir gestionando la vida de nuestros niños», ha dicho la coordinadora nacional de IUC.
La formación ha calificado de «privatizado y mercantilista» el modelo actual de atención a los menores migrantes al tiempo que ha propuesto «un sistema público, con recursos suficientes, supervisión independiente, personal formado y coordinación con entidades del tercer sector con arraigo y trayectoria en derechos humanos».
«Hay que colocar el interés superior del menor en el centro y eso empieza por romper con las empresas que los tratan como mercancía.
La infancia migrante no puede ser el negocio de nadie», ha agregado.
IUC ha anunciado que impulsará mociones en los ayuntamientos y cabildos para exigir al Gobierno de Canarias transparencia sobre todos los contratos con Quórum Social 77, y para reclamar un plan de acogida alternativo.
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