Santa Cruz De Tenerife, 30 jul (EFE).
– Colectivos ecologistas y ciudadanos han vuelto a exigir este miércoles al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife la paralización “urgente” de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, en Adeje, por considerar que incumple normativas urbanísticas, medioambientales y patrimoniales, y porque la «inacción» de las administraciones implicadas deriva en una posible «prevaricación por omisión».
En un escrito dirigido a las administraciones implicadas, los firmantes, entre los que figuran el colectivo Rebelión Científica Canarias, La Gaveta 20A, Acampada Reivindicativa Lolo Dorta y Tagoror Permanente Rotativo, alertan de la posible destrucción de elementos arqueológicos recientemente hallados en la zona afectada por el proyecto y reclaman medidas “cautelares e inmediatas” para frenar lo que califican de “deterioro irreversible”.
El microbiólogo y coordinador de Rebelión Científica Canarias, Samuel Rodríguez, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que los trabajos se desarrollan en un entorno donde se han detectado vestigios arqueológicos que podrían tener un alto valor patrimonial.
Rodríguez subraya que el Plan Parcial vigente, con valor jurídico vinculante, establece que “una vez se hallan yacimientos arqueológicos, como ha ocurrido en el Puertito, deben notificarse de forma inmediata a las autoridades competentes, y el Cabildo de Tenerife está obligado a tomar las medidas pertinentes para garantizar su protección”.
A juicio de los colectivos, la continuidad de las obras en estas circunstancias vulnera dicho marco legal, lo que podría implicar responsabilidades penales.
“Si no se adoptan medidas, podrían estar incurriendo en un posible delito de prevaricación por omisión”, ha advertido Rodríguez.
Los denunciantes han reprochado tanto al Ayuntamiento de Adeje como al Cabildo de Tenerife la “falta de actuación” pese a las numerosas alertas y denuncias presentadas desde hace más de dos años.
Por ello, apelan al principio de tutela subsidiaria e instan al Gobierno de Canarias a intervenir de forma directa como administración superior, conforme al artículo 73 del Estatuto de Autonomía y a la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
Entre las acciones urgentes que reclaman figura la paralización total de las obras en un plazo máximo de 48 horas, la remisión del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, y la apertura de un expediente sancionador por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
Además, los colectivos apuntan que el pasado jueves interpusieron una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Arona contra los promotores del proyecto y contra el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, “por la presunta comisión de hasta nueve delitos vinculados al desarrollo del complejo urbanístico”.
Rodríguez ha recordado que las actuaciones se están llevando a cabo sin que se haya producido ninguna intervención técnica por parte de las instituciones competentes.
“A principios de julio informamos de la presencia de restos arqueológicos, pero no ha pasado ningún técnico por allí”, ha dicho.
Por ello, proponen que expertos independientes de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria analicen los hallazgos sobre el terreno.
El escrito también incorpora una advertencia emitida en noviembre de 2024 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que instó a paralizar las obras tras detectar un riesgo de daños irreversibles sobre formaciones geológicas de “relevancia científica única”, como la ignimbrita de Adeje.
En caso de que el Gobierno canario no adopte estas medidas, los firmantes han amenazado con ampliar la denuncia penal ya interpuesta y con presentar un recurso contencioso-administrativo por inactividad, además de comunicar los hechos a instancias como la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Europea.
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