Las Palmas de Gran Canaria, 30 jul (EFE).
– Coalición Canaria (CC) ha criticado la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento para declarar el municipio como zona tensionada y le ha reprochado que debería haber realizado un informe «técnico riguroso y zonificado» antes de presentar la solicitud.
Tras conocerse los resultados del informe encargado al Colegio de Economistas de Las Palmas, que concluye que la ciudad no cumple los requisitos legales para su aprobación, el portavoz municipal de CC, David Suárez, ha recriminado este miércoles en un comunicado «la pretensión del grupo de gobierno de solicitar la declaración de todo el municipio como zona tensionada, en lugar de delimitar aquellos barrios concretos donde los precios han subido de forma más aguda».
Suárez ha recordado que su grupo ya había señalado el pasado mes de abril la necesidad de elaborar un informe zonificado antes de solicitar la declaración al Gobierno de Canarias al subrayar que la realidad de barrios como Guanarteme, Arenales o la zona Puerto-Canteras no es la misma que la de El Zardo, Escaleritas o San Lorenzo, por lo que la solicitud «debía haber sido más afinada, más técnica y menos política».
También ha señalado que el Ayuntamiento no está ejerciendo sus competencias en materia de vivienda con eficacia, ya que «no se están agilizando licencias de obra, no se ha puesto suelo a disposición del ICAVI para vivienda pública, y tampoco se está controlando el auge del alquiler vacacional, con una capacidad de inspección nula».
«Muchos de los nuevos edificios construidos en la zona baja de la ciudad se dedican exclusivamente a vivienda vacacional», ha dicho al vincular esta situación a una modificación del Plan General.
«Aquella decisión permitió que edificios enteros se destinasen a usos turísticos en lugar de residencial, contribuyendo aún más a la escasez de oferta de alquiler tradicional», ha dicho.
Coalición Canaria también ha reprochado que el gobierno liderado por Carolina Darias haya suspendido varios artículos del Decreto de Medidas Urgentes de Vivienda, «lo que supone una renuncia explícita a herramientas útiles que ya están a disposición del Ayuntamiento».
Suárez ha concluido que «es importante actuar sobre la oferta, aunque en ningún caso de forma generalizada en toda la ciudad», y que «pedir más intervención al Gobierno de Canarias mientras el propio Ayuntamiento bloquea y desactiva medidas que están en su mano carece de sentido».
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