Santa Cruz de Tenerife, 12 ago (EFE).
– La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha sacado este martes a información pública el proyecto de decreto para regular la figura del facilitador, que prestará apoyo a personas con discapacidad intelectual y a mayores de 75 años en las sedes judiciales y fiscales.
Se abre ahora un periodo de consulta que finaliza el 2 de septiembre y que permitirá presentar alegaciones a dicha iniciativa, ha informado el Gobierno canario en una nota.
La consejera del área, Nieves Lady Barreto, ha manifestado que su departamento apuesta por la “humanización de la Justicia” y que la puesta en marcha del facilitador judicial en Canarias, “garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que estas personas puedan entender y hacerse entender en un juzgado”.
Iniciada la tramitación del proyecto de decreto por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa y durante meses se completó con reuniones en varias islas con los colectivos afectados, organizaciones y asociaciones del tercer sector para recabar propuestas sobre el perfil profesional y enriquecer el proyecto de decreto que ahora se somete a información pública, a través del portal de Transparencia.
El reglamento propuesto regula los requisitos, principios de actuación y procedimientos para la designación de facilitadores expertos, así como la creación de un registro administrativo que garantice su disponibilidad y capacitación.
«Este proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema estructural de apoyos y ajustes procesales que asegure la tutela judicial efectiva promoviendo la igualdad y humanizando la justicia en las sedes judiciales de las islas», añade la nota.
Para poder ser designados como personas facilitadoras judiciales, los profesionales deben ser licenciados o graduados en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, licenciado en derecho no ejerciente como abogado y contar con la cualificación profesional específica necesaria.
Esa cualificación deberá ser obtenida por alguna de las siguientes vías: estar en posesión de alguna acreditación o de un certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Además, deben de estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos judiciales y acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de las personas mayores.
Asimismo, deberán carecer de antecedentes penales y aportar el certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
Otro de los requisitos que recoge el proyecto de decreto es estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal experto facilitador.
Este decreto se aplicará en todas las actuaciones procesales en las que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la persona mayor de 75 años.
EFEcmg/asd