Las Palmas de Gran Canaria, 14 ago (EFE).
– La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha convocado ayudas para entidades del tercer sector con un presupuesto de 6,8 millones de euros para este año 2025, según informa.
Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas sociales orientadas a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar, se indica en un comunicado.
Además, esta convocatoria contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares.
La convocatoria, que permanecerá abierta 15 días hábiles a partir de la publicación en el BOC, este jueves, 13 de agosto, establece criterios de evaluación que priorizan el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos.
Con este paquete de ayudas, el área no solo busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.
Las subvenciones permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza; con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios.
Asimismo permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social y, por ejemplo, impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio para la práctica de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, que sirvan para lograr un proceso de inclusión social e integral o la puesta en marcha de programas de alfabetización digital para la mejora de las competencias digitales y favorecer el desarrollo personal.
Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.
También se podrán financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas para la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y/o empleo; así como la puesta en marcha o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la RCC, IMV, u otros ingresos de sistema público de protección social que, además, se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social.
EFEas