Santa Cruz de Tenerife, 9 sep (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado este martes a la administración del Estado «instrucciones operativas completas» sobre el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas.
Asimismo, ha reivindicado en el pleno del Parlamento de Canarias un «marco específico» para la derivación de los solicitantes de asilo, pues entiende que el mecanismo ordinario regulado por el real decreto que modificó la Ley de Extranjería no puede aplicarse de manera automática a estos chicos.
Razón por la que el ejecutivo canario ha solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie al respecto para así «evitar dudas legales» y salvaguardar el interés superior del menor.
Delgado ha reclamado al Gobierno central «una guía» en la que se establezcan «instrucciones operativas completas, canales, formatos, custodias documentales, validaciones responsables para trasladar la documentación y los expedientes conforme a la norma», sin la cual «el proceso puede ser frágil y estar en peligro».
«Nuestro planteamiento es claro: no se trata solo de derivar, sino de hacerlo con seguridad jurídica.
Necesitamos reglas claras que permitan a las comunidades receptoras asumir la tutela sin incertidumbre y que protejan a los menores frente a posibles vacíos legales», ha sintetizado la consejera.
Por eso, el Gobierno de Canarias ha trasladado al del Estado «la urgencia de definir este marco específico» después de que en la comisión interdepartamental de la pasada semana «nos adelantaran la posibilidad de utilizar la vía del propio real decreto ley» para canalizar los traslados de los menores solicitantes de asilo.
Un proceso para el que la consejera ha reclamado mayor agilidad, porque de los más de mil niños que reúnen esta condición, apenas «han salido 72 de Canarias».
Mientras tanto, en el centro Canarias 50, en el que supuestamente estos chicos solo permanecerían quince días, hay más de 160 y el ejecutivo regional está pendiente de derivar a otros 40.
«No podemos continuar así», ha proclamado.
Candelaria Delgado ha pedido una «interlocución constante» con el Estado para planificar a un mes vista las posibles salidas, anticipar los perfiles y evitar retornos de expedientes por defectos formales.
Ha abundado en que Canarias viene solicitando en todas las comisiones interadministrativas una propuesta de calendario, un cronograma mensual con cupos y destinos cerrados, para poder dimensionar los traslados, la logística y los acompañamientos.
Y es que estos menores, ha subrayado, son «extremadamente vulnerables» y su tutela «no exige solo del Estado solidaridad sino garantías plenas de derecho».
Ha garantizado que Canarias «está haciendo su parte», que es preparar los expedientes «con rigor», pero sin esas instrucciones ni los cronogramas de salida «no se podrá materializar nada», ha insistido, pues «la norma reparte funciones y plazos a cada administración y esta enorme tarea no puede recaer en una sola».
Además de esta «guía», la consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha pedido «el cierre formal» de la declaración de la contingencia migratoria «a efectos operativos», es decir, su traducción en «procedimientos verificables».
A las comunidades autónomas receptoras les ha exigido «el cumplimiento estricto de la legalidad», pues «la corresponsabilidad ya no es voluntaria».
«Desde Canarias entendemos que los posicionamientos políticos son legítimos, pero no pueden situarse por encima del interés superior del menor ni en lo dispuesto en el real decreto ley 2/25 y su desarrollo», ha zanjado.
La consejera ha comparecido en el pleno a petición de los diputados Raúl Acosta (AHI) y Jana González (CC), quienes han coincidido en advertir sobre el avance de los discursos xenófobos y el eco que están encontrando en la sociedad, también en la canaria.
González ha expresado asimismo su preocupación porque desde la Fiscalía no se estén llevando a cabo inspecciones en los centros de acogida para velar por el bienestar de las personas que en ellos se encuentran, y ha pedido «no usar a los menores como arma política» ni «mirar para otro lado» pensando en el rédito político, ya que eso solo le funcionará a la ultraderecha.
Juan Manuel García Casañas (PP) ha criticado la «nula política» migratoria del Gobierno central y el «nulo control» de las fronteras, y que el Tribunal Supremo haya tenido que obligarle a hacer «lo que dice la ley», pese a lo cual «viene incumpliendo los plazos».
Ha recalcado que el PP «no tiene responsabilidad» en el Gobierno de España y que en Canarias «defenderá a los canarios por encima de cualquier comunidad autónoma».
Elena Máñez (PSOE) ha replicado que «se nota» que el PP tiene «responsabilidad cero» en Canarias, y que «a Génova y al señor -Manuel- Domínguez no les importan los niños» migrantes.
Ha acusado a PP y CC de generar «polémicas ficticias» sobre la redistribución de los menores y ha reivindicado que en este proceso «cada uno tiene que hacer su parte y hacerlo con lealtad, con ánimo de colaboración y no de confrontación permanente».
«No se puede decir que se está a la espera de instrucciones y al día siguiente Ceuta tenía todos los expedientes trasladados al Ministerio», ha deslizado la diputada socialista, quien ha recalcado que «no es lo mismo el Gobierno que el PP», que «se levanta de la mesa, boicotea conferencias sectoriales o cierra centros» como en Madrid.
Luis Campos (NC) ha pedido reflexionar sobre «las verdaderas causas» de los movimientos migratorios y sobre la conveniencia de establecer rutas «legales y seguras»; y Paula Jover (Vox) ha insistido en vincular inmigración e inseguridad pese al descenso de las llegadas de cayucos y pateras en los últimos meses.
Jesús Ramos (ASG) ha llamado a la unidad de todos los grupos del Parlamento de Canarias para «lanzar un mensaje firme» y apoyar al Gobierno autonómico en su petición de solidaridad al resto de las comunidades, algunas de las cuales «no entienden o no quieren entender» la realidad del archipiélago.
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