Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).
– La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha expresado este miércoles su preocupación por la centralización y la indefinición del nuevo marco financiero de la UE a partir de 2027.
Asián ha comparecido en comisión parlamentaria, donde ha recalcado que son varios aspectos los que inquietan al ejecutivo canario, pero «lo que más» es ese «grado de centralización» que otorga a los Estados miembros «un papel mayor» en la planificación presupuestaria.
Y en ese marco, ha ahondado, el ejecutivo central se verá «forzado a atender a una pluralidad de regiones» de puertas adentro.
Ha puntualizado que el Gobierno de España ha sido siempre el interlocutor en Bruselas, pero «lo que preocupa es el papel» que se les va a dar a la regiones en esos planes centralizados.
Una reflexión que ha realizado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de CC José Manuel Bermúdez, quien ha advertido del «riesgo» de que las comunidades autónomas «se conviertan en meras ejecutoras de proyectos elaborados en despachos ajenos».
«No se trata de desconfiar por desconfiar, pero el centralismo nunca le ha ido bien a Canarias, no es un buen aliado para nuestra tierra», ha advertido.
Además de la centralización, la consejera de Hacienda ha advertido de que el llamado fondo de seguridad y prosperidad sostenible aglutinará a todos los fondos hasta ahora existentes, como el de desarrollo regional, de cohesión, de migración y fronteras, o los planes de agricultura y de pesca.
En el mismo, ha ahondado, tampoco hay asignaciones concretas para las regiones menos desarrolladas.
«Estábamos acostumbrados a negociar todos los fondos (.
.
.
) y ahora se va a poner la lupa.
Hay que ser cuidadosos» a la hora de pedirlos y de que vayan a cubrir necesidades concretas de Canarias, ha lanzado la consejera.
En todo caso, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» porque el proceso de elaboración de ese fondo único tardará unos dos años y habrá ocasión de negociar hasta entonces.
Matilde Asián ha indicado que además de la vía del gasto preocupa la de los ingresos, ya que la Comisión Europea propone nuevos recursos propios, y en este sentido se ha preguntado si implantará impuestos europeos o si exigirá mayor aportación a los Estados miembros.
Más allá del nuevo marco financiero, el Gobierno de Canarias tiene otra prioridad en sus relaciones con la UE, que es el mantenimiento y consolidación de su estatus de región ultraperiférica (RUP).
Asián ha explicado que la «reunión de alto nivel» prevista para septiembre en la que Canarias trasladaría sus singularidades al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, se ha pospuesto a noviembre.
Ha avanzado que el dossier de Canarias se basará en «dos principios fundamentales»: mantener y reforzar el principio de adaptación a la normativa europea, que permite a Canarias adaptarse o verse exenta de determinadas normas; y una mayor territorialización de los instrumentos financieros.
En concreto, Canarias pretende un reconocimiento a sus especificidades en el reparto de fondos; mantener sus excepciones fiscales y en materia de transportes; garantizar su soberanía alimentaria; y que se habiliten fondos específicos para la gestión del fenómeno migratorio.
En todo caso, ha admitido que en materia de las excepciones y de mantener las particularidades de Canarias no ve «grandes riesgos», y que lo que más le preocupan son los fondos «por la situación financiera de Europa».
En la misma comisión parlamentaria, a preguntas del diputado de ASG Jesús Ramos, la consejera de Hacienda ha detallado que la ejecución de los fondos FEDER del periodo 2014-2020 ha superado el 100% la cantidad asignada de 1.
400 millones de euros.
En el caso de la reducción de costes adicionales se han certificado 728 millones de euros frente a los 569 asignados, pues se incluyen cantidades no financiables con fondos de la UE, lo que «da idea de la importancia» de los FEDER para Canarias.
En cuanto al programa operativo del Fondo Social Europeo, se han certificado 504 millones frente a los 433 de gasto programado.
Donde ha habido problemas es con el programa operativo de empleo juvenil, con 71 millones certificados de los 104 consignados, una baja ejecución que según la consejera se explica en «la complejidad de los programas» y en que «ha costado trabajo encontrar a los beneficiarios».
EFEjmor/cmg(foto)