La Frontera (El Hierro), 7 oct (EFE).
– Asamblea Herreña ha exigido la retirada inmediata de la ordenanza reguladora de la Convivencia Ciudadana de La Frontera, aprobada por el grupo de Gobierno municipal, al considerar que es lesiva para el comercio local y el trabajo autónomo.
En un comunicado, Asamblea Herreña considera que esta nueva ordenanza asfixia la actividad económica, restringe la promoción legítima de los negocios y multiplica las sanciones desproporcionadas que ponen en riesgo empleos y la continuidad de muchos establecimientos en este municipio herreño.
“No vamos a avalar un marco punitivo que convierte el espacio público en un terreno de prohibiciones y sanciones, mientras ignora la realidad diaria de quienes levantan la persiana cada mañana para sostener la economía del municipio”, señala la nota.
Esta agrupación política afirma que la norma plantea como principales agravios el recorte de visibilidad, con el veto y las trabas a cartelería, rótulos, expositores y anuncios en espacios visibles y entiende que limita gravemente la capacidad de atraer clientela y dañan la competitividad frente a otros municipios con normativas más razonables.
Asimismo, la tipificación excesiva de infracciones por usos cotidianos del entorno urbano criminaliza prácticas inocuas y dificulta la realización de acciones comerciales, culturales y de dinamización local.
El régimen de multas y decomisos castiga especialmente al pequeño negocio y al trabajador autónomo, generando incertidumbre, miedo a innovar y costes añadidos en un contexto económico ya precario.
La ordenanza se ha elaborado sin el debido consenso con el tejido empresarial y social, despreciando la cooperación como vía natural para conciliar convivencia ciudadana y actividad económica, señalan desde AH.
En este sentido, exigen la retirada inmediata del texto y apertura de una mesa de trabajo con representación de comercio, hostelería, autónomos y asociaciones vecinales para elaborar una normativa «equilibrada y aplicable».
AH reclama la protección de la actividad económica, con reglas claras y proporcionadas para la publicidad de negocios, eventos y usos dinámicos del espacio público, que impulsen ventas, turismo y vida urbana sin perjudicar el descanso vecinal.
Además pide un procedimiento sancionador garantista, con criterios objetivos, información previa suficiente y medidas alternativas a la multa, priorizando la corrección sobre el castigo.
“La convivencia no se construye con prohibiciones ni con multas, sino con diálogo, participación y sentido común”, señala la nota.
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