Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias y las Cámaras de Comercio del archipiélago han acordado cooperar en la gestión de las subvenciones destinadas al Bono Alquiler Joven 2025 a través de un convenio que permitirá agilizar la tramitación y el pago de estas ayudas dirigidas a jóvenes menores de 35 años.
El acuerdo ha sido suscrito por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y las Cámaras Oficiales de Comercio de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Establece un marco de colaboración para canalizar de manera ágil y eficaz la tramitación y el abono de estas ayudas que buscan favorecer su emancipación y facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler, ha indicado el Gobierno canario este martes en un comunicado.
El Ejecutivo ha señalado que este convenio «reconoce la experiencia y capacidad de las Cámaras de Comercio para actuar como entidades colaboradoras en este tipo de programas» y que, «gracias a su implantación territorial y a la asistencia tanto presencial como telemática que prestarán a la ciudadanía, se espera reducir significativamente los plazos de tramitación y abono de las ayudas, en contraste con convocatorias previas en las que la gestión se realizaba sin entidades colaboradoras».
El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de seis, y prevé la creación de una Comisión de Seguimiento que supervisará su cumplimiento, resolverá incidencias y propondrá mejoras en la gestión, indica la nota.
La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 10,6 millones de euros transferidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a los que se sumarán los remanentes de fondos de ejercicios anteriores no ejecutados.
Además, se incluye una línea específica de 1,4 millones de euros, financiada por el Cabildo de Lanzarote, que garantiza que un mayor número de jóvenes lanzaroteños puedan beneficiarse de este apoyo al alquiler.
Las ayudas consisten en una cuantía fija de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, lo que puede suponer hasta 6.
000 euros por persona beneficiaria.
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