Santa Cruz de Tenerife, 15 oct (EFE).
– El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por mayoría, la proposición no de lLey presentada por el grupo parlamentario Popular para exigir al Gobierno de Sánchez una auditoría «externa, independiente y transparente» sobre los fallos del sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como Cometa.
La iniciativa, defendida en el Pleno por la diputada popular Rebeca Paniagua, denuncia que la migración de datos y el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato tras el cambio de empresa adjudicataria en 2023 provocó la pérdida de información histórica, deficiencias de localización y cobertura e, incluso, casos en los que los agresores pudieron manipular o quitarse los dispositivos sin ser detectados, según ha detallado el PP en un comunicado.
“Lo que debía ser una herramienta de protección para las mujeres maltratadas se convirtió en una ruleta rusa tecnológica”, afirmó Paniagua, recordando que “la Fiscalía General, los jueces de violencia sobre la mujer y los sindicatos policiales han denunciado que estos fallos derivaron en sobreseimientos, absoluciones y desprotección real de las víctimas”.
La diputada por la isla de Tenerife criticó que el Gobierno de Sánchez y su Ministerio de Igualdad “han intentado minimizar los hechos hablando de incidencias puntuales, cuando los fallos se prolongaron durante meses y pusieron en riesgo a miles de mujeres”.
“Mientras se caía el sistema Cometa, el feminismo oficial del PSOE se entretenía en hacerse fotos con pancartas.
Nosotras no sostenemos pancartas.
Sostenemos compromisos reales, leyes eficaces y tecnología que no falle cuando la vida de una mujer depende de ello”, añadió Paniagua.
Así, la PNL aprobada insta al Gobierno de Canarias a requerir al Gobierno de España a la contratación urgente de una auditoría externa sobre la adjudicación, implantación y funcionamiento actual del sistema Cometa, además de la publicación inmediata y detallada de todos los datos relacionados con los fallos detectados en Canarias, incluyendo el número de víctimas afectadas, procedimientos judiciales alterados, tipología de errores y duración real de las incidencias.
“Queremos transparencia, depuración de responsabilidades y garantías técnicas verificables”, recalcó la representante del Grupo Parlamentario Popular, quien advirtió que “el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ya alertó del riesgo de adjudicar este contrato a empresas sin experiencia suficiente y el tiempo les ha dado la razón”.
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