Darias: Las Palmas de Gran Canaria dispone de suelo público para construir 4.000 viviendas

Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).

– Las Palmas de Gran Canaria dispone de suelo público para construir alrededor de 1.

000 viviendas en suelo urbano y unas 3.

000 más en suelo urbanizable, ha asegurado este miércoles su alcaldesa, Carolina Darias, en la inauguración del XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico.

En este encuentro, que se desarrolla hasta el viernes con el lema ‘Ciudades del siglo XXI’ en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, expertos, juristas, técnicos y representantes institucionales reflexionan sobre los retos urbanos y habitacionales del presente y del futuro, según ha informado el Consistorio.

Durante su intervención, Darias ha resaltado que esta cita tiene lugar en «una ciudad que vive una profunda transformación orientada a la búsqueda de un nuevo equilibrio entre desarrollo urbano y desarrollo humano».

La regidora ha subrayado que el gobierno municipal tiene como ejes de su acción política el derecho a la ciudad, el derecho universal a la vivienda y la concepción de la ciudad como proyecto de vida en común.

«Son los pilares sobre los que aspiramos a mejorar la calidad de vida en la ciudad», ha referido, al tiempo que ha hecho hincapié en que garantizar el derecho a la ciudad implica también asegurar el acceso a una vivienda digna, ya que «ambos derechos están íntimamente relacionados y constituyen componentes esenciales de una política pública progresista».

Por eso, ha recalcado que la vivienda es uno de los objetivos prioritarios de su gobierno municipal de progreso, que promueve actuaciones de reposición, rehabilitación, construcción de nuevas viviendas y medidas para frenar el incremento de precios mediante la declaración de zonas tensionadas.

Darias ha anunciado que el Ayuntamiento impulsa la aplicación plena de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, instando al Gobierno de Canarias a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitirá «controlar el precio de la vivienda residencial, tal y como ya han hecho otras ciudades».

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