Santa Cruz De Tenerife, 5 nov (EFE).
– Mukesh Dawsani, principal acusado del conocido como caso Tradex, una trama piramidal que llegó a afectar a 120 inversores tinerfeños por unos 3 millones de euros, alardeaba delante de sus empleados y clientes de que cada día podía llegar a obtener hasta 7.
000 euros de beneficios.
Este miércoles comenzaron las declaraciones de los afectados, que seguirán hasta enero a razón de diez personas por cada una de las tres sesiones semanales, de manera que en el último turno podrá intervenir Daswani, su supuesto socio y la pareja del primero, que supuestamente recibió 327.
500 euros en regalos.
En esta jornada intervino el responsable de organizar e impartir los cursos, quien trabajaba como autónomo y cobraba la mitad de los mil euros de matrícula pagados por los alumnos.
Recuerda que un día antes de que la trama saltara por los aires en 2022, “nos pareció muy raro que (Daswani) nos dijera que su padre y su esposa estaban muy enfermos de cáncer y que por eso se tenía que ir de viaje”.
El primer testigo contó que en 2021 invirtió 10.
000 euros con la promesa de que iba a obtener en dos meses un 50% de beneficios, tal y como ocurrió al principio por lo que se decidió a repetir en otras tres ocasiones más.
Pero finalmente el resultado fue que dejó de ganar 45.
000 euros más los 50% de intereses, de los que recuperó 20.
000.
También recibió una comisión de 1.
000 euros por cada uno de los tres clientes que convenció para que invirtieran, todos familiares suyos.
Dijo que el responsable único de la empresa era Daswani, quien lo convenció para invertir y recibía en diversas oficinas a las que se iban mudando, que cada vez eran de mayor tamaño y más ostentosas, lo que entendió como prueba de que el negocio iba bien.
Cada cierto tiempo les mandaba pantallazos de whatsapp con los supuestos beneficios, que le convencían para seguir invirtiendo, hasta que la trama estalló y perdió el mencionado dinero.
A preguntas de las defensas admitió ser consciente de que invertía en un negocio que implicaba un importante riesgo y aseguró que nunca se le informó de que el negocio registrara pérdidas hasta que tan sólo comenzó a circular “un rumor” de que no era tan boyante como les contaban.
El encargado de impartir los cursos a inversores era un antiguo conocido del acusado principal y tras recibir de éste una formación inicial comenzó a trabajar como autónomo, cobrando el 50% de las matrículas, que costaban 1.
000 euros.
Recuerda que Daswani se encontraba siempre realizando operaciones en la bolsa tanto desde la oficina como en su casa, que en todo momento les hablaba de cuantiosos beneficios diarios y nunca dudó de que estuviera diciendo la verdad y de que se refería a operaciones reales.
Cuantifica en algo más de medio centenar el número de clientes que llegó a conocer y dijo que en un momento dado de 2022 comenzaron a circular rumores sobre que era una presunta estafa y que él jamás invirtió dinero alguno.
Las cantidades supuestamente estafadas oscilan entre los 2.
000 y 78.
000 euros, por lo que el Ministerio Público solicita que se les imponga al principal procesado 12 años de prisión, ocho por el cargo de estafa agravada y cuatro por frustración en la ejecución dadas las dificultades para cobrar las deudas.
Al otro encausado se le pide 6 y 3,5 años por los mismos presuntos delitos y a ambos la devolución de las cantidades defraudadas más intereses, al igual que a la encausada se le exige que pague los más de 300.
000 euros recibidos.
Según el relato de la Fiscalía, los encausados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y de esta manera captaban fondos a cambio de altas rentabilidades que a veces llegaban hasta el 50% del capital entregado en un plazo de dos meses, entre otro tipo de operaciones similares.
Al principio el encausado principal cumplía los compromisos por lo que los clientes volvían a invertir y además daba lugar a que se sumaran otros nuevos.
Una vez captado un elevado número de inversores los acusados comenzaron a incorporar los beneficios a su propio patrimonio, un sistema piramidal que se volvió “insostenible” dado que exigía nuevos inversores para cumplir con las obligaciones de los anteriores.
A partir de aquí comenzaron a sucederse los incumplimientos de pagos “provocando que todo el entramado quedase al descubierto” y se empezaran a presentar las denuncias.
Cuando los procesados se dieron cuenta de que la situación y se iba a producir un colapso, habrían llevado a cabo operaciones para salvaguardar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó sustraerse de la acción de la Justicia.
También abrieron cuentas corrientes en Lituania y Reino Unido cuyos fondos eran convertidos en criptomonedas en una plataforma cuyo domicilio estaba situado en las Islas Seychelles.
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