Santa Cruz de Tenerife, 11 nov (EFE).
– El Gobierno de Canarias no ha detraído financiación para atender la inmigración, a pesar de que el Gobierno central «no está asumiendo del todo sus competencias» y derivando recursos para hacer frente al gasto que supone para las islas la llegada de menores extranjeros no acompañados en materia sanitaria y educativa.
Así lo ha asegurado este miércoles la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta formulada por el PP sobre cómo afecta el gasto derivado de la inmigración irregular que está asumiendo Canarias y «que podría limitar la financiación de acciones concretas destinadas a la ciudadanía, especialmente a las personas dependientes».
La consejera ha respondido que el Gobierno cumple con los canarios con la apuesta por los servicios sociales, aumentando la atención a la dependencia y apostando por atender «de la mejor forma posible» a las personas, tanto «a nuestra gente» como a los niños que llegan en patera.
No obstante, se ha quejado de la falta de previsibilidad y la escasa intención del Estado de asumir sus competencias con la migración, lo que ha provocado que el Ejecutivo regional haya reclamado vía judicial la gestión de la inmigración, así como la atención de los menores solicitantes de asilo.
También el Gobierno ha pedido vía judicial el gasto al Estado en menores migrantes, en sanidad y en educación, ha detallado DelgadoEl diputado del PP Jacob Qadri, ha precisado que se han invertido 158 millones de euros en atender a la migración de los cuales el Gobierno de España, que «mira para otro lado», solo ha aportado 50.
El gasto sanitario para atender a estas personas es, según el PP, de 30 millones.
A su juicio, «lo más grave es el incumplimiento absoluto» del Gobierno de España con los menores pese a las sentencias del Tribunal Supremo, que le obliga a asumir a los menores que han solicitado derecho de asilo.
Sin embargo, solo se han trasladado 200 menores desde Canarias a la Península, ha señalado el diputado del PP, quien ha denunciado que Canarias está «completamente abandonada» por el Gobierno central que «burla a la justicia».
Para el PP, el ministro Ángel Víctor Torres «ya no es un interlocutor válido» porque, ha agregado, está cuestionado por corrupción por la compra de material sanitario durante la pandemia y «ya no se sabe cuándo dice la verdad» ni tiene «voluntad real» de solucionar el problema.
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