Santa Cruz de Tenerife, 12 nov (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado solicitar la modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita a los trabajadores del campo la posibilidad de anticipar su edad de jubilación, tomando como referencia el régimen vigente para el sector pesquero.
La proposición no de ley impulsada por el diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI) y enmendada por el de Vox, pide además un estudio técnico que acredite la penosidad, peligrosidad y siniestralidad laboral en el sector agrario y ganadero como base para la aplicación de los coeficientes reductores de jubilación.
También plantea el establecimiento de mecanismos de compensación y sostenibilidad económica para los trabajadores agrarios, especialmente autónomos, que se acojan a la jubilación anticipada, de modo que no vean mermadas sus prestaciones futuras.
Raúl Acosta ha indicado que con esta iniciativa «se busca un acto de justicia social» y que además contiene «una dimensión moral», pues no ve razonable pedirle que siga en activo hasta los 67 años a gente que ha llevado una vida «de sacrificios, madrugones, de no tener vacaciones».
Además, ha esgrimido una razón práctica: «el campo envejece», pues los trabajadores del sector tienen una media de edad que supera los 55 años, con lo que si no se les da la posibilidad de una «jubilación digna y razonable» difícilmente habrá relevo generacional.
Paula Jover (Vox) ha dedicado su intervención a arremeter contra los «fanatismos climáticos» y «el nefasto pacto verde», y ha acusado al resto de formaciones, en especial a PP y PSOE, de «darle la espalda» a la gente del campo, poniéndole «cada día una nueva traba, una nueva imposición».
Melodie Mendoza (ASG) ha aplaudido esta iniciativa, que «no es meramente laboral» sino que además es «profundamente social, humana y justa».
Juan Manuel García Casañas (PP) ha indicado que «es de justicia apoyar esta iniciativa» y Francisco Linares (PP), que se trata de un asunto «complejo», por cuanto «si hoy se jubilara la gente del campo a los 55 años nos quedaríamos sin campo».
Linares ha incidido en la importancia de los mecanismos de compensación, por cuanto «nadie del campo se jubilará si cuando acaba su actividad cobra 900 euros al mes».
Luis Campos (NC) ha opinado que la posibilidad de la jubilación anticipada no provocará ninguna desbandada en el sector, dado que «la inmensa mayoría» de los trabajadores del campo, sobre todo los propietarios de las explotaciones, seguirán en activo, pero «con la enorme tranquilidad» de saber que tienen garantizada una renta si deciden parar.
Pero «lo fundamental», ha anotado Campos, «es que esa renta no sea escasa», y ahí ha puesto el acento en la cuantía asignada a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en los presupuestos para 2026.
Manuel Fumero (PSOE) ha justificado la abstención de su grupo en la «complejidad» del asunto, pues lo que se pretende es la modificación de un real decreto, razón por la que había pedido aplazar esta proposición no de ley, a la que no le ve mucho recorrido.
Además, ha señalado que al jubilarse anticipadamente, el agricultor o el ganadero deja de ser trabajador activo y con ello no tiene a ayudas a la modernización, y ha aludido también a la necesidad de aflorar la actividad no declarada.
EFEjmor