Santa Cruz de Tenerife, 18 nov (EFE).
– Representantes de la empresa pública autonómica Gestur han expresado este martes en el Parlamento su disposición a colaborar en todo lo necesario con el Ayuntamiento de Arona para solucionar el limbo urbanístico en el que se encuentran los propietarios de parcelas del Polígono 2A (fase 1) de Cho-Parque de la Reina, y han instado al consistorio a desbloquear las licencias de construcción de las viviendas.
El desarrollo urbanístico del Polígono 2A (fase 1) de Cho-Parque de la Reina se remonta a hace cuarenta años en una superficie de 78.
517 metros cuadrados que Gestur terminó de urbanizar en 1985, a cuya solicitud de recepción nunca contestó el Ayuntamiento, pero que la empresa pública dio por recepcionada tácitamente por ese silencio administrativo positivo que durante décadas nunca fue contestado.
El polígono se parceló y se vendieron 67 parcelas a particulares, de las que 55 fueron edificadas con la correspondiente licencia de obra mayor municipal.
Pero después de 30 años el Ayuntamiento ha cambiado su criterio y ha interrumpido las licencias para el resto de parcelas, al considerar que en realidad nunca se produjo la recepción de la urbanización, pese a que cuenta con todos los servicios municipales.
Los propietarios han denunciado su situación de indefensión, ya que no pueden ni edificar ni vender las parcelas, y han llevado su queja al Parlamento, en donde ha sido recogida por la diputada de Vox Paula Jover, quien pidió la comparecencia en comisión del consejero delegado de Gestur, Manuel Agoney Piñero Ortiz.
Tras las explicaciones de Piñero, todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de solucionar esta situación en beneficio de los ciudadanos afectados, que compraron las parcelas de buena fe y que ven cómo 55 viviendas en el polígono sí recibieron licencia antes del cambio de criterio municipal.
También han coincidido todos los grupos en que si los afectados llevaran este asunto ante la justicia, se saldaría a su favor con las consiguientes indemnizaciones, por lo que han instado a todas las partes a buscar una solución.
Paula Jover ha denunciado el bloqueo administrativo y la indefensión en que se deja a ciudadanos que han actuado de buena fe, puesto que «no se les otorga una resolución, ni favorable ni desfavorable, respecto a sus licencias de obra mayor», lo que les impide edificar sus viviendas y sus proyectos de vida y les sitúa en un limbo jurídico del que no son responsables.
El consejero delegado de Gestur ha señalado en su comparecencia que el Polígono 2A (Fase 1) de Cho–Parque de la Reina «es un ámbito urbanístico que cumple con toda la normativa aplicable de los años 70 y 80», que es la que hay que aplicar.
«Posee ordenación pormenorizada aprobada, proyecto de urbanización tramitado y urbanización ejecutada, no ha recibido requerimientos del Ayuntamiento durante décadas y se ha permitido la edificación de viviendas sin problemas», puesto que consta como suelo urbano consolidado plenamente apto para el desarrollo edificatorio.
«La documentación deja claro que Gestur ha cumplido con sus obligaciones urbanísticas y que el Polígono 2A se encuentra jurídicamente en situación estable y conforme al planeamiento vigente», ha insistido el consejero delegado, quien ha insistido en su disposición a colaborar en todo lo posible con el Ayuntamiento para solucionarlo.
La posición municipal para su cambio de criterio y no otorgar ahora las licencias es que la urbanización no fue recepcionada en su día porque Gestur no otorgó al municipio el 10% del aprovechamiento, un argumento que fue rebatido en la comisión por el representante legal de la empresa pública.
Cuando se produjo el desarrollo urbanístico estaba vigente la Ley del suelo de 1957, que no incluía esa cesión del aprovechamiento, por lo que no se puede analizar situaciones pasadas con la normativa vigente actualmente, según Gestur.
Los técnicos municipales han cambiado de criterio y donde antes daban licencias ahora no las dan, pero las licencias de construcción no se pueden otorgar o denegar libremente, según Gestur: si se cumple la normativa urbanística, como interpreta la empresa pública, el Ayuntamiento está obligado a darlas.
El letrado reconoció que no hay un acta de recepción expresa de la urbanización por parte del Ayuntamiento en 1985, pero la normativa establece que si la solicitud no fue contestada en su día por el municipio se considera conforme desde que pasaron tres meses de la petición.
«Como mínimo hay una recepción tácita», como demuestran las 55 licencias de obra mayor otorgada en otras tantas parcelas y la disposición de todos los servicios municipales, según Gestur, que insiste en su máxima disposición a colaborar con el Ayuntamiento para solucionar el problema.
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