Santa Cruz de Tenerife, 20 nov (EFE).
– El grupo municipal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna ha solicitado este jueves al equipo de gobierno de PSOE y CC que deje de colaborar con entidades que vetan el acceso de las mujeres.
Todo ello a raíz de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya aceptado revisar la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2024 obligó a Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, una hermandad religiosa de hombres fundada en el siglo XVII, a cambiar sus normas y a admitir también a mujeres.
Hace justo un año, el Constitucional enmendó la plana al Tribunal Supremo, que hasta entonces había avalado la Esclavitud del Cristo de La Laguna, y concedió su amparo a María Teresita Laborda Sanz, quien llevaba años batallando legalmente para que le permitieran incorporarse a esa hermandad.
En un comunicado, la concejala de Unidas Se Puede, Idaira Afonso, a la sazón presidenta de la Comisión Especial de Igualdad por la Integración Social y contra la Discriminación de La Laguna, señala que esta hermandad sigue usando «todos los recursos en su mano para impedir la normalización en un espacio que en su origen era mixto y que algunos quieren conservar mono género».
Afonso recuerda que el Ayuntamiento de La Laguna, además de por los acuerdos plenarios y los planes locales, está sometido a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Una ley que se basa en la promoción desde las administraciones y la sociedad de “la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural”.
Con lo cual infiere que no se pueden promover acuerdos como subvenciones ante «un proceso que, claramente, busca mantener, cueste lo que cueste, una situación de exclusión de mujeres de un espacio de participación, aunque sea religioso».
La concejala pide que se establezca una dinámica «de cero colaboración económica y administrativa» con el Obispado y la Esclavitud, además de las otras hermandades que desarrollan esta práctica de exclusión.
“Con dinero público no podemos mirar para otro lado cuando, recurso tras recurso, solo buscan evitar lo que el Tribunal Constitucional señaló y lo que la lógica de una sociedad avanzada e igualitaria entiende”, esgrime la edil de Unidas Se Puede.
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