Las Palmas de Gran Canaria, 21 nov (EFE).
– La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Galdós ha acusado este viernes al sindicato de profesores ANPE de «criminalizar a las familias», al presentarlas como «causa principal de la conflictividad escolar» con «discursos populistas no fundamentados en datos oficiales».
La organización sale así, en un comunicado, al paso de una demanda pública de ANPE de que se cataloguen como enfermedad problemas mentales que sostiene sufren los docentes a causa de una creciente conflictividad escolar, que asegura se plasma en un aumento de amenazas, agresiones físicas y ciberacoso de jóvenes de Secundaria y de denuncias sin fundamento de familiares de menores de Primaria hacia los profesores.
Aduciendo como prueba de sus planteamientos cifras de actividad de un servicio del Defensor del Profesor que es parte del propio sindicato cuya fiabilidad cuestionan desde la Federación Galdós.
Plataforma de madres y padres que responde a las denuncias de ANPE: «rechazamos firmemente el discurso que responsabiliza a las familias de los problemas de convivencia».
Un discurso que afirma que obedece a una «estrategia comunicativa» de ANPE interesada y que, según Galdós, «proyecta una imagen distorsionada y alarmista de las relaciones entre profesorado y familias, presentando a estas últimas como causa principal de la conflictividad escolar».
En la medida en que el sindicato asegura, por ejemplo, que en Primaria los incidentes han crecido un 18 % respecto al curso anterior, y que en ese nivel los conflictos tienen que ver, sobre todo, con las familias.
Porque aumentan las denuncias y acusaciones sin fundamento, las presiones para modificar notas y las agresiones protagonizadas por padres, madres u otros familiares del alumnado, de acuerdo a su versión.
La cual niega que sea cierta la federación de progenitores, que apunta que «la memoria difundida por ANPE recurre a estrategias poco transparentes, como referir porcentajes pero no datos absolutos, sin criterios claros y sin verificación externa, lo que impide evaluar con rigor la supuesta ‘conflictividad creciente’» que dice que existe, en contra del parecer de la organización Galdós.
Que destaca que «el Defensor del Profesor es un servicio interno de un sindicato, no un organismo público ni independiente» y que «sus datos no están auditados por ninguna entidad externa», además de que «no cuenta con participación de las familias ni del conjunto de la comunidad educativa».
Razones por las que -concluye- el panorama que dibuja «no puede considerarse una fotografía real de la convivencia escolar en Canarias».
Y añade que, «cuando ANPE habla de convivencia, omite una parte esencial: los casos de acoso escolar donde las familias sufren violencia institucional, cuando constatan que el centro no les escucha o que se minimiza la situación».
Por todo lo expuesto, la federación Galdós lanza un mensaje: «hacemos un llamamiento a ANPE para que abandone esta estrategia de presión y confrontación y se sume a las vías de diálogo que sí fortalecen el sistema educativo».
Puesto que «la convivencia no mejora con discursos alarmistas, sino con recursos adecuados, protocolos claros, datos reales, participación efectiva de las familias y trabajo conjunto entre todos los sectores», sentencia.
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