Santa Cruz de Tenerife, 24 nov (EFE).
– Representantes de los cabildos insulares han mostrado este lunes en el Parlamento de Canarias su respaldo la proposición de ley de accesibilidad universal que se tramita en la cámara regional, aunque han pedido que se garantice la financiación que las corporaciones tendrán que acometer para poner en marcha sus previsiones.
La proposición de ley de accesibilidad universal de Canarias ha sido promovida por seis grupos parlamentarios, todos excepto Vox, para sustituir por obsoleta a Ley de 1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas, reconoce la accesibilidad como un derecho de las personas, no como una opción de las administraciones.
El Parlamento convocó este lunes a los representantes de las corporaciones insulares para conocer su opinión ante la Comisión General de Cabildos, llamamiento al que han respondido los cabildos de Tenerife, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.
Todos han coincidido en elogiar el avance que supone esta nueva normativa, pero en general han subrayado la importancia de que se garantice la financiación para que no quede en buenos propósitos.
José Miguel Ruano, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, afirmó que la iniciativa es muy positiva, porque busca unificar y simplificar la diversidad de normas existentes.
Cuenta con un alcance integral en el territorio, el urbanismo, la edificación, el transporte público, productos de consumo, comunicación, tecnología o servicios públicos, mientras que la de 1995 se limitaba al urbanismo y a la edificación, destacó.
Como aspectos mejorables, Ruano se refirió a la necesidad de articular la financiación y definir el procedimiento de denuncias, inspección y régimen sancionador, puesto que la misma Ley de 1995 se deroga sin haberse cumplido aspectos como la obligación de rebajar los bordillos de las aceras.
También plantea el Cabildo de Tenerife que haya indicadores medibles para poder evaluar su cumplimiento.
En representación del Cabildo de Fuerteventura, la consejera insular Carmen Alonso Saavedra mostró el respaldo «firme» a la nueva ley, si bien pidió que antes de su aprobación definitiva se aclare cuál será la financiación y qué plazos tendrán cabildos y ayuntamientos para aplicar los planes y obligaciones establecidos.
También debería aclararse, según Carmen Alonso, qué competencias específicas asumirá cada administración y cómo se coordinarán para evitar duplicidades o vacíos de responsabilidad.
Los requisitos mínimos de accesibilidad digital que deberán cumplir las administraciones públicas, cómo se garantizará la participación de los colectivos y qué apoyo técnico y formativo recibirán las islas no capitalinas son cuestiones que deben clarificarse, en su opinión.
Por el Cabildo de La Gomera, su vicepresidenta tercera, Rosa García Meneses, calificó de «necesaria y ambiciosa» la ley que se propone y elogió su enfoque en la accesibilidad de manera integral.
Pero para que sea efectiva debe contar con financiación suficiente, mecanismos de cooperación interadministrativa y un sistema de seguimiento que no se limite solo a la elaboración de planes, sino a su ejecución.
Para García Meneses, es imprescindible que la Comunidad Autónoma armonice los criterios para que los cabildos puedan actuar con agilidad ante casos de inacción municipal o frente a necesidades urgentes.
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, subrayó que esta ley reconcilia la política con la ciudadanía y marca tareas a todas las administraciones en beneficio de las personas, si bien lamentó que en algunos aspectos sea menos concreta que la que se va a derogar, algo que en todo caso se puede corregir en su desarrollo posterior, indicó.
Además, Alpidio Armas comentó que no se «interpela lo suficiente» al ámbito privado.
En el Cabildo de El Hierro «vamos a iniciar de manera inmediata el proceso para contar con un plan de accesibilidad universal» junto a los ayuntamientos, garantizó.
En la comisión parlamentaria intervino también el viceconsejero de Administraciones del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, quien mostró el respaldo del ejecutivo a esta iniciativa de seis grupos parlamentarios.
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