Santa Cruz De Tenerife, 24 nov (EFE).
– La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento, y redactará una nueva.
“Esta decisión se toma para aminorar los tiempos de espera y llevar a cabo la redacción y aprobación de una nueva ordenanza y facilitar la retirada de los elementos del carril bici en las vías de Villalba Hervás, El Pilar y Méndez Núñez», ha expresado el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, que ha recordado que mientras todo se resuelve está vigente una ordenanza de 1985.
El pasado marzo, el fallo del TSJC que hoy ha dejado de recurrir el Ayuntamiento aludía a la falta de una memoria justificativa en condiciones para la ordenanza de movilidad, y tildaba algunos apartados que el Ayuntamiento presentaba como memoria de «mera proclama de generalidades».
También se acusaba la falta de aspectos jurídicos como los de «alternativa cero», es decir, que no se entraba a plantear qué implicaciones para la ciudad tendría el hecho de que no se aprobara la ordenanza, pese a que era algo preceptivo por ley.
«Hemos decidido no estar esperando continuamente a lo que decida un juez aquí o en Madrid acerca del carril bici, ya que hemos decidido retirarlo de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás.
La idea es acometer en estos espacios otras posibilidades y otros usos, como más estacionamientos de carga y descarga, para motos y patinetes y otras plazas para personas con movilidad reducida (PMR)», ha aludido el alcalde.
Ha asegurado el regidor municipal que esa es una decisión que ha sido pactada con los comerciantes para que se lleve a cabo después de Navidades, tras la campaña comercial de estas fechas.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha dicho que la idea es que el próximo mes esté lista la redacción de la nueva ordenanza.
“Tras eso deberá pasar por la consulta pública previa, por la que se somete a la ciudadanía durante un mes, y luego se redacta el proyecto con la memoria de análisis de impacto normativo, que fue lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró insuficiente y por lo que fue anulada», ha apuntado Alonso.
El procedimiento continuaría con la elevación del proyecto normativo al pleno municipal para su aprobación inicial, su sometimiento a información pública durante otro mes, presentación de alegaciones y, en su caso, modificación del texto.
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