Santa Cruz de Tenerife, 24 nov (EFE).
– La Asociación Agua para La Palma ha instado a las administraciones públicas a denunciar un posible sabotaje en el canal LP1 que abastece a los regantes de Fuencaliente, quienes se quedaron sin suministro entre el 15 y el 17 de noviembre.
En un comunicado, esta asociación informa de que los hechos fueron expuestos en una reunión en la sede de Teneguía Sociedad Cooperativa Agraria, convocada por la comunidad de regantes y con la presencia del gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP), Javier Peña, y del alcalde, Gregorio Alonso.
En la misma, detalla Agua para La Palma, el secretario de la comunidad de riego comentó que durante esos tres días alguien habría colocado una cejilla en el canal, justo cuando la borrasca Claudia descargaba lluvias abundantes sobre la isla.
Este posible sabotaje impidió almacenar «millones de litros de agua que habrían servido para aliviar las severas restricciones de riego que sufre el municipio, mientras otros embalses insulares sí incrementaron su capacidad en esos días», indica en el comunicado.
Así pues, Agua para La Palma espera que la comunidad de regantes, el Ayuntamiento de Fuencaliente o el Cabildo de La Palma, a través del CIALP, hayan presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
Por lo demás, las asociación critica que las administraciones «utilizan la sequía para promover la desalación como solución preferente, despreciando alternativas más económicas y sostenibles, como la mejora en la gestión de las reservas subterráneas o la modernización de infraestructuras obsoletas».
Subraya que en periodos recientes de lluvias abundantes, como los registrados el año pasado y éste, no se han aprovechado para acometer las mejoras que, insiste, ha propuesto reiteradamente con respaldo técnico.
Y reprocha que, pese a que el actual gobierno insular afirma compartir sus planteamientos, «la realidad demuestra que continúa apostando con descaro por la desalación contra viento y marea».
El colectivo palmero considera la desalación industrial como una alternativa “cara e insostenible” y reitera que las maniobras para priorizarla “no responden al interés general, sino a quienes ven en el dinero público una vía de enriquecimiento rápido al mantener al alza los precios del agua”.
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