Las Palmas de Gran Canaria, 16 dic (EFE).
– Los consejos sociales de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL) han defendido este martes una «gobernanza más abierta» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la nueva ley que los regula a instancias de sus rectores.
En una declaración conjunta emitida por las presidencias de ambos organismos y trasladada al pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se indica que el recurso contra la Ley 3/2025 de Consejos Sociales cuestiona sólo cinco artículos de la citada norma, que «refuerza la conexión entre universidad y sociedad, salvaguardando la autonomía académica».
Y precisa que, pese al recurso, las relaciones institucionales entre los rectores y consejos de gobierno y los consejos sociales «siguen siendo fluidas y colaborativas, con pleno respeto a las funciones asignadas legalmente a cada uno de esos órganos universitarios», según un comunicado difundido por el Consejo Social de la ULPGC.
En la declaración, señala la nota, se recuerda que el propósito de la norma recurrida es el de «reforzar la participación social en la vida universitaria», por lo que entienden contradictorio el recurso, ya que la citada ley contribuye a mejorar «un modelo de gobernanza de la universidad pública que incorpora elementos que lo abren a la ciudadanía».
Asimismo, recoge que «el Consejo Social solo puede cumplir plenamente su misión cuando mantiene un diálogo permanente, leal y estructurado con la sociedad a la que pertenece, e incorpora de forma efectiva su participación en la orientación estratégica de la institución».
Y añade que «una universidad que no escucha ni integra a su entorno corre el riesgo de desatender las necesidades reales de su territorio y de debilitar su capacidad para transformar el futuro de las islas».
Las presidencias de los dos consejos sociales de las universidades públicas de Canarias recuerdan que siempre han defendido la autonomía universitaria «como elemento esencial para el desempeño de la función asignada a la universidad».
Además, consideran que la intervención del Tribunal Constitucional aclarará los artículos concretos que se cuestionan, «garantizando la seguridad jurídica de las competencias asignadas a los consejos sociales y preservando la conexión esencial entre universidad y sociedad».
En el pronunciamiento se señala que «la participación social no limita la autonomía académica: la enriquece y la protege», y se defiende «una universidad abierta, permeable, capaz de rendir cuentas y de incorporar la pluralidad de intereses y perspectivas que conforman la vida social, económica y cultural de Canarias».
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