Las Palmas de Gran Canaria, 18 dic (EFE).
– El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha concedido un total de 112 ayudas con 870.
000 euros de inversión para que familias en situación de vulnerabilidad puedan eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar su accesibilidad en sus casas.
La cuantía total de la subvención es un 31% superior a la inicialmente previstas, según ha informado este jueves la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en un comunicado.
Las ayudas, que serán otorgadas a las familias a través de los ayuntamientos, permitirán que familias de 19 municipios de la isla puedan ganar seguridad y autonomía en su día a día gracias a la reestructuración de sus hogares.
Las subvenciones se conceden por medio de los ayuntamientos que están conveniados, 19 de los 21 de la isla, mientras que en los municipios que no lo están las obras las ejecuta directamente el Consorcio.
El Consorcio de Viviendas ha distribuido las ayudas a las familias según una baremación establecida por puntos y el máximo que ha recibido cada una es de 15.
000 euros para habilitar su hogar o zonas comunes.
Entre las actuaciones que se financian a través de estas subvenciones figura la creación de rampas, la instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad en las entradas a las viviendas.
En el interior del hogar, se subvencionará la adecuación de los cuartos de baño, instalación de suelos antideslizantes, de apoyos y pasamanos y mejora de la anchura de las puertas.
También se ha incluido en estas ayudas las mejoras de las barreras en la comunicación que puedan sufrir estas personas a causa de su discapacidad, por lo que se subvenciona la instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, videoporteros, timbres con elementos luminosos, elementos de señalización, así como otras ayudas técnicas para el hogar de tipo vibratorio, lumínico o auditivo.
El también vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, ha destacado que la concesión de estas ayudas «refuerza el compromiso» con la «mejora de la calidad de vida de la ciudadanía».
“Se trata de una medida con un claro impacto social, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y contribuye a construir una isla más accesible, justa e inclusiva», ha dicho.
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