Las Palmas de Gran Canaria, 18 dic (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria ha «rechazado» este jueves la intención de AENA de imponer una nueva tasa a las empresas de transporte discrecional cuyas guaguas operan en los aeropuertos del archipiélago para el traslado de pasajeros.
En un comunicado, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Gobierno insular, Teodoro Sosa, ha señalado que con esta medida, el Estado «vuelve a evidenciar su afán recaudatorio, sin mostrar ninguna voluntad de mejorar el servicio».
Sosa ha señalado que AENA «somete a Canarias a un agravio comparativo y daña sus niveles de competitividad, además de provocar un impacto económico insostenible al sector y de implementar una norma que choca frontalmente con la Ley de Movilidad Sostenible» y que, ha dicho, «constituye una contradicción flagrante con la sostenibilidad».
Según la nota, ANA pretende cobrar a los vehículos por el tiempo que tienen que permanecer en el interior de los recintos aeroportuarios canarios mientras esperan a los viajeros.
En el comunicado se informa de que el cobro se impondrá de forma progresiva, de manera que, a partir del próximo día 15 de enero, comenzará a aplicarse en los aeropuertos de Tenerife Sur y César Manrique de Lanzarote, y más adelante, en los de Gran Canaria y Fuerteventura.
Para Sosa esto «es inadmisible» por tratarse de un organismo público como AENA, que «obtiene beneficios millonarios», y que «busca nuevos ingresos, mientras los aeropuertos canarios tienen un déficit de infraestructuras evidente».
El consejero interpreta esta decisión como una demostración de un «afán recaudatorio al que no acompaña ninguna intención de mejorar los servicios».
Por este motivo, el Cabildo reclama a AENA la puesta en marcha de las denominadas ‘bolsas reguladoras’ o áreas de espera gratuitas o de bajo coste anexas a la terminal de llegadas y en las que las guaguas aguardan, mientras se va ordenando su acceso al recinto para efectuar la recogida de sus usuarios y usuarias.
Sosa ha reprochado a AENA que haya anunciado esta medida sin haber consultado ni mantenido un diálogo real con el sector del transporte canario, lo que ha generado «incertidumbre y rechazo en la patronal» más aún por su entrada en vigor en temporada alta.
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