Santa Cruz de La Palma, 7 ene (EFE).
– La asociación ecologista La Centinela ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado 23 de diciembre por el que se autoriza el proyecto complementario para la reconstrucción del tramo de la LP-2 sepultado por la erupción volcánica del Tajogaite.
Según ha comunicado la organización, el recurso cuestiona la legalidad del procedimiento seguido por la Administración autonómica y solicita la anulación del acuerdo, la retroacción del expediente para incorporar el trámite de audiencia a las personas interesadas y la suspensión inmediata de su ejecución.
El colectivo ecologista ha fundamentado su recurso en la supuesta omisión del trámite de audiencia previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Además, la asociación ha añadido que el proyecto habría eludido la tramitación ambiental y los procedimientos de información pública exigibles, lo que, a su juicio, ha impedido el control ciudadano de la actuación administrativa y la defensa del medio ambiente.
La Centinela ha recordado además que los campos de lava afectados constituyen un hábitat de interés comunitario cuya conservación requiere medidas específicas de protección, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que la zona cuenta con protección cautelar en virtud de la Ley autonómica 2/2024, mientras se tramita su declaración como espacio natural protegido.
El comunicado también ha aludido a un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaborado en 2022, que identifica elementos de alto valor vulcanológico en el área y recomienda ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja para incluir las formaciones surgidas tras la erupción de 2021.
La asociación ha asegurado que no existe un acuerdo efectivo entre el IGME y el Gobierno de Canarias sobre el trazado de la carretera, pese a lo manifestado por responsables autonómicos.
La Centinela también ha criticado la forma y el momento en que se adoptó el acuerdo, aprobado en fechas previas al periodo vacacional judicial, y considera que ello dificulta la solicitud de medidas cautelares por la vía judicial.
EFElgm/asd1012035