Las Palmas de Gran Canaria, 9 ene (EFE).
– La teniente de alcaldesa de Mogán, Tania Alonso, ha asegurado que el Consistorio recurrirá a la justicia para denunciar la vulneración de derechos y el principio de equidad de no resolverse la problemática por la que se está «negando» el transporte escolar para asistir al CEO Mogán.
Como ha señalado en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias en distintos medios de comunicación, en las que sostiene que no procede aplicar excepciones al alumnado de Veneguera, «sí existen fundamentos objetivos y legales para autorizar la excepción».
«Si no se ofrece una solución inmediata, Alonso manifiesta que el Ayuntamiento de Mogán se verá obligado a emprender acciones legales contra la Consejería de Educación para defender los derechos del alumnado y de sus familias», ha dicho.
Además, ha recordado que aún la Administración local no ha recibido respuesta del escrito enviado 5 de abril de 2024 solicitando la ampliación del área de influencia del CEO Mogán hasta Veneguera», propuesta que incluso fue aprobada por el Consejo Escolar del centro educativo.
Este derecho figura tanto la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria como la Ley de Educación estatal, ha subrayado.
La Consejería de Educación «no considera criterio suficientemente objetivo la conciliación familiar», lo que afecta a 11 menores a los que se les ha negado el servicio de transporte en una ruta que ya existe y en la que a día de hoy hay 18 plazas vacantes.
Alegan que «puede generar un agravio comparativo con alumnado de otros centros, un efecto llamada con impacto negativo en la planificación educativa, romper el equilibro entre centros y provocar el cierre del CEIP Casas de Veneguera, una escuela unitaria», ha detallado la edil.
Alonso rechaza el argumento de Educación que alega que los 6 alumnos y alumnas de Veneguera que sí tienen acceso al transporte escolar fueron autorizados en el curso 2021-2022 por el gobierno de la anterior legislatura al margen de la normativa, y que no están dispuestos a hacer lo mismo con los y las menores de los cursos posteriores.
La teniente de alcaldesa se pregunta «qué o quién decide lo que se considera excepcional, ya que este aspecto no está regulado».
A su juicio, «está claro» que la casuística de estas familias «no es excepcional para la consejería» ya que las familias que han decidido matricular a sus hijos e hijas en el CEO Mogán lo han hecho mayoritariamente «ante la inviabilidad de compaginar sus horarios laborales con los de entrada y salida del CEIP Casas de Veneguera», que carece de recogida temprana, comedor escolar y actividades extraescolares, con un horario de apertura de 8.
30 a 13.
30 horas.
Respecto al agravio comparativo, la edil ha insistido en que en este momento ya «se está produciendo entre familias de Veneguera, aquellas que sí tienen autorización para que sus hijos e hijas accedan a la guagua escolar y aquellas que no la tienen».
Además, hay un agravio y una diferencia de derechos «entre hermanos y hermanas, porque actualmente hay 5 familias quetienen un hijo e hija que puede acudir al CEO Mogán en el transporte escolar y otro que no».
Para Alonso, los argumentos de la consejería «contradicen la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que consagra la equidad y la igualdad de derechos del alumnado como principios fundamentales», así como «el derecho de las familias escuchadas y a elegir la opción educativa que consideren más adecuada para sus hijos e hijas».
A todo ello, ha subrayado, se suma la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que obliga a las administraciones a eliminar barreras de acceso al sistema educativo y a evitar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos o geográficos.
Negar el transporte escolar en este contexto supone, por tanto, una vulneración del principio de equidad y del derecho a la educación en condiciones de igualdad», ha destacado.
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