Santa Cruz de Tenerife, 22 ene (EFE).
– La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias) ha reclamado este jueves a la Comisión Europea y al Consejo que respeten la voluntad expresada por el Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y que no se active de forma provisional la parte comercial del tratado mientras dure el proceso judicial.
ASAGA Canarias considera en un comunicado que aplicar provisionalmente el acuerdo pese a la decisión del Parlamento Europeo supondría “desvirtuar una resolución democrática” adoptada por una Cámara «claramente dividida», lo que, a su juicio, evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el acuerdo.
La organización agraria subraya que el pronunciamiento del Parlamento Europeo no es simbólico y debe ser respetado por el resto de instituciones comunitarias.
Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría, según ASAGA Canarias, a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la Unión Europea.
ASAGA Canarias valora la movilización unitaria del campo europeo registrada en las últimas semanas, con concentraciones en Bruselas y Estrasburgo, que han situado el debate sobre Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria.
Asimismo, confía en que el calendario de manifestaciones previsto para este año refuerce el mensaje de rechazo del sector agrario de las islas al acuerdo en las condiciones actuales.
La organización también ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo, al considerar que no atienden a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario.
ASAGA Canarias insiste en que no se trata de bloquear el comercio, sino de garantizar la seguridad jurídica y el respeto institucional, y reclama que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur.
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