Las Palmas de Gran Canaria, 26 ene (EFE).
– El Gobierno canario cree que «no se dan las garantías» para que la Policía Canaria asista a los menores con medidas judiciales tutelados por la comunidad autónoma, una competencia que, según la Delegación del Gobierno en Canarias, debe asumir desde el 1 de febrero, lo que la Administración regional ha anunciado este lunes que no hará.
El Ejecutivo canario entiende que la Delegación del Gobierno ha tomado una decisión unilateral que vulnera el principio de lealtad institucional y que está infringiendo leyes orgánicas, según ha indicado este lunes su portavoz, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Cabello ha manifestado que para que esa competencia sea trasladada se había acordado en dos reuniones en 2019 y noviembre de 2025 la creación de un grupo de trabajo liderado por la Delegación de Gobierno para que en la Junta General de Seguridad se estudiara cuándo y cómo llevarlo a cabo, algo que no ha ocurrido.
«El Gobierno de Canarias no se niega a asumir la competencia en materia de menores en la Comunidad Autónoma canaria, creo que el Estatuto de Autonomía lo recoge claramente y es una competencia a la que nosotros aspiramos», ha manifestado.
Ha indicado que, además, esta decisión genera «un posible riesgo incluso a la hora de realizar esos traslados para los menores, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para los profesionales que trabajan en el entorno de los» chicos.
El Gobierno de Canarias ha comunicado este lunes a la Delegación del Gobierno que «no va a asumir esta responsabilidad a partir del 1 de febrero porque entiende que no se está cumpliendo ni con la ley ni con los acuerdos adoptados», un escrito que también ha trasladado tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como a la Fiscalía de Menores, a través de la Fiscalía Superior de Canarias.
Aunque, en un encuentro informativo el pasado viernes, el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, aludió sólo a los menores con medidas judiciales, Cabello ha señalado que «al parecer, según la comunicación, se están mezclando varios tipos de menores».
El portavoz ha explicado que cuando se tiene que realizar el traslado de menores lo llevan a cabo los cuerpos y fuerzas del Estado y ha añadido que cuando hay que llevarlos a la península colabora el Cuerpo General de la Policía Canaria.
«Lo que está planteando el Gobierno del Estado es empezar a desandar ese camino (.
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) con los que tienen medidas judiciales y están en algunos centros con medidas judiciales, pero también afecta a los migrantes, ya que los hay con medidas judiciales y los hay sin medidas judiciales», ha manifestado.
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