Santa Cruz de Tenerife, 28 ene (EFE).
– Cinco personas se sientan la próxima semana en el banquillo de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife al considerarlos la Fiscalía autores de los delitos contra los derechos de los extranjeros, homicidios y lesiones por ejercer de patrones de un cayuco en el que aparecieron tres cadáveres y en el que se sospecha que se arrojaron más de 80 cuerpos al mar.
El barco permaneció veinte días a la deriva y se sospecha que las personas murieron a causa de la falta de comida y agua, según se desprende del escrito del Ministerio Público.
En el momento de ser rescatados se hallaron otros tres cadáveres y un tripulante más perdería la vida con posterioridad.
Las penurias que sufrió ese grupo de migrantes se conocieron el 21 de junio de 2024, cuando llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero Insignia Master con los 67 supervivientes a los que había rescatado tres días antes gracias al aviso de un petrolero que los vio en su ruta hacia Brasil, todos con una importante deshidratación.
Para uno de los acusados se piden 21 años de prisión y, a cada uno de los demás, 28 años por los tres delitos, además del pago de 150.
000 euros a familiares de los fallecidos y 5.
800 euros a tres viajeros que resultaron heridos.
El relato de la acusación particular apunta que todos ellos, por encargo de los organizadores del viaje en África y tras el cobro de distintas cantidades de dinero, trasladaron alrededor de 150 personas en una embarcación tipo cayuco impulsada por un solo motor que resultaba “totalmente inadecuada” para hacer este viaje.
En concreto, el cayuco carecía de luces de posición, bengalas, radar, sistemas de comunicación náutica más que el apoyo de un GPS y los teléfonos móviles de algunos inmigrantes, la mayoría de los cuales tampoco tenían chalecos salvavidas.
Tras cinco días de navegación tras su salida de África quedaron a la deriva sin agua ni combustible durante otros veinte días más, hasta que fueron auxiliados cerca de las islas, primero por un petrolero y luego por el crucero mencionado que trasladó a 68 migrantes, de los que también murió uno tras ser rescatado.
La Fiscalía cree que los cinco encausados se encargaron de patronear el barco, intentaron reparar el motor cuando se averió, repartir comida y mantener el orden hasta el punto de atribuirle haber ordenado arrojar al mar los mencionados cadáveres.
La Fiscalía los acusa de haber propiciado la entrada en territorio nacional eludiendo el uso de puestos fronterizos a 67 personas que carecían de documentación y autorizaciones administrativas, lo que vulneraría la normativa vigente de extranjería y fronteras.
Igualmente les atribuye dirigir la embarcación siendo conscientes de la escasez de víveres y agua, hacinamiento, deficiencias estructurales de la embarcación, todo lo cual dio lugar a una situación de grave peligro a los viajeros.
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