Santa Cruz de Tenerife, 24 feb (EFE).
– La diputada socialista Elena Máñez ha afirmado este martes que ésta va a ser una legislatura perdida para los derechos sociales en Canarias porque no se ha aprobado ni uno solo de los decretos vinculados a la ley de Servicios Sociales, lo que ha ejemplificado con un símil futbolístico: «pacto de las flores 5, CC-PP 0».
Elena Máñez ha criticado la gestión del Gobierno regional en este ámbito durante una interpelación a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, respecto a si entre los propósitos que se marca a partir de ahora está mejorar y garantizar el desarrollo de los derechos sociales en Canarias.
Máñez ha asegurado que los únicos aspectos desarrollados de la ley son los que dejó el llamado «pacto de las flores» y a día de hoy «seguimos sin planificación, sin carta de derechos y deberes, sistema unificado de información, historia social única y el plan estratégico de todo el sistema».
Mientras, ha continuado, hay 17.
000 personas a las que se ha reconocido el derecho a una prestación «pero las dejan tiradas en la calle», y Canarias ha pasado de la sexta a la octava posición en derechos sociales, por lo que todo lo demás «es puro relato».
Y lo que falla es este Gobierno «que no ha hecho nada por cumplir» con la ley de Servicios Sociales, ha asegurado la diputada socialista, para preguntar «hasta cuándo va a seguir la consejera con el cuento de la vieja majadera de responsabilizar a otros de la incapacidad de gestión».
La consejera ha respondido que la gente no vive de titulares sino de que su expediente avance, ha criticado el discurso «de alarma permanente que nace para sostener un relato agresivo que se repite año tras año», y ha defendido que se está gobernando en condiciones difíciles sin dejar a nadie atrás.
Como datos ha indicado que se ha logrado reducir de forma significativa los tiempos de tramitación y el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 411 días en enero de 2026, lo que supone 371 días menos y una reducción cercana al 47%.
Además, se ha incrementado de forma notable la emisión de Programas Individuales de Atención (PIA), el instrumento que convierte el derecho reconocido en una prestación efectiva.
Entre agosto de 2023 y enero de 2026 se realizaron 28.
595 PIAs, con una media mensual de 953, frente a los 16.
343 del periodo anterior (340 al mes).
El número de personas con derecho reconocido también ha crecido de manera significativa, pasando de 44.
506 en julio de 2023 a 69.
703 en enero de 2026, un aumento del 56,6% en 30 meses.
Además, el Gobierno de Canarias trabaja en la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado y de la Teleasistencia avanzada, el refuerzo de la acreditación de profesionales para la Promoción de la Autonomía Personal y la actualización de cuantías para cubrir los costes reales de los servicios, con financiación del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares.
Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de necesidades que orientará el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
En el ámbito de la discapacidad, Candelaria Delgado ha señalado que en 2023 se resolvieron 6.
295 expedientes; en 2024, 11.
420; y en 2025, 17.
265, por lo que en dos años el volumen se ha multiplicado por 2,7.
Las medidas adoptadas incluyen simplificación normativa, digitalización de procesos, cuadros de mando para seguimiento mensual, refuerzo de equipos y una estrategia territorial para garantizar igualdad de acceso.
También se ha impulsado la tarjeta digital acreditativa para facilitar trámites y evitar gestiones repetidas.
En materia de inclusión social, el Ejecutivo ha reforzado la red municipal y la estabilidad del tercer sector y el Plan Concertado con los ayuntamientos cuenta con 97 millones de euros y atiende a unas 450.
000 personas, más de 220.
000 familias.
Además, se destinan 12 millones adicionales para reforzar el personal en los servicios sociales municipales.
La concertación social con entidades del tercer sector ofrece ahora estabilidad a cinco años y se traduce en 236 proyectos financiados con 19 millones de euros, que alcanzan a 261.
000 personas.
En pobreza infantil, se han destinado 6,2 millones de euros a tarjetas monedero y se han identificado 19.
393 familias con menores en pobreza severa como beneficiarias directas, con equipos multidisciplinares desplegados en todas las islas.
Asimismo, se ha implantado un complemento autonómico de 400 euros anuales para pensiones no contributivas, abonado en dos pagos, con impacto directo en las rentas más bajas.
En relación con los menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo autonómico declaró la emergencia social para agilizar la acogida y tutela, habilitó alrededor de medio centenar de nuevos centros y promovió, junto a la Fiscalía, un protocolo para mejorar las determinaciones de edad.
También se impulsaron medidas para que el Estado asumiera sus competencias y se reeditó un acuerdo con el Ministerio por valor de 50 millones de euros, cifra que no cubre el coste integral estimado en 150 millones, ha señalado la consejera, que ha indicado que se continúa atendiendo a los aproximadamente 1.
800 menores que ya estaban en el sistema.
EFEasd/jmor