Las Palmas de Gran Canaria, 25 feb (EFE).
– Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias han acusado a ese departamento de llevar a cabo un «apagón democrático» y de vulnerar el derecho a negociación de los trabajadores en una actitud de «mala fe institucional» y «privatización encubierta de servicios».
A su juicio, la Consejería está «más centrada en recortes que en el bienestar de los usuarios» y «no sólo está desmantelando los servicios públicos, está quebrantando a las personas que, durante décadas y pese a las muchas dificultades, la han sostenido».
En un comunicado, la representación sindical sostiene que, «bajo una estrategia de silencio administrativo sistemático y a golpe de instrucciones no consensuadas, el actual equipo de gobierno lleva más de dos años haciendo caso omiso a las denuncias de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, vulnerando el derecho fundamental a la negociación colectiva y a la información».
Y afirma que en ese departamento, «al ignorar las evaluaciones de riesgos psicosociales y/o bloquear las solicitudes de adaptación al puesto de trabajo por motivos de salud, la Administración fuerza a que se le dé la baja al trabajador», en el contexto de lo que denominan «un caos provocado».
Ello, añaden los comités, genera «motivación, apatía y desesperación de unos profesionales exhaustos, cuya carga de trabajo, además de la emocional trabajar con menores, personas con dependencia y/o discapacidad, en riesgo de exclusión social, etc, es utilizada por la propia Consejería como moneda de cambio para justificar la privatización».
Como prueba de ello, exponen que, «en Dependencia, pese a los cambios normativos, la reestructuración del personal, la externalización de gran parte del procedimiento y las contrataciones temporales, las listas de espera apenas se han reducido y la creación de servicios públicos sigue siendo insuficiente, provocando un aumento de ocupación de camas hospitalarias».
«Mientras, en Discapacidad nos encontramos con menores de un año a los que no se atiende por falta de profesionales especializados para llevar a cabo las valoraciones de este colectivo», a tiempo que «hay un embudo en las valoraciones de menores de dos a seis años, dando lugar a que muchos de ellos no sean valorados hasta cumplir los seis años, con la consecuente pérdida del derecho a percibir becas para tratamientos y apoyos especializados de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes», prosiguen.
Para la representación sindical, «esta situación es muy grave, ya que el no recibir la atención y estimulación necesaria a una edad temprana supone, a corto plazo, la incorporación al sistema de la Dependencia por lo que la prevención en estos casos adquiere una importancia relevante».
Además, sostienen que, «en relación a Escuelas Infantiles, la Consejería ha instaurado un modelo de abandono sistemático» en el que «la política de no sustituir bajas ni cubrir jubilaciones está forzando el cierre de aulas en diferentes escuelas de las islas», agregando: «esto deja a decenas de familias canarias sin plaza a mitad de curso, atacando directamente a la conciliación y el desarrollo de los menores».
Desde ese planteamiento, los comités de empresa concluyen: «exigimos el cese del ‘apagón democrático’ en la Consejería y una inversión real en servicios públicos.
La protección de nuestros menores y el bienestar de nuestras familias no pueden esperar a que la Administración decida, por fin, escuchar a sus trabajadores».
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